La nueva Ley de Movilidad Sostenible: otra promesa con ruedas cuadradas

¡Ey Tecnófilos! ¿Qué está pasando por ahí? Nos anuncian la nueva Ley de Movilidad Sostenible como si fuera la llegada de la modernidad definitiva, la panacea verde que nos llevará a un país más limpio, más conectado y más eficiente. Los políticos, siempre tan elocuentes cuando se trata de vender humo, la presentan como un hito histórico que “revolucionará la forma en que nos movemos”. Pero los que llevamos años observando cómo funciona este país sabemos que, cuando los políticos se ponen solemnes, conviene agarrarse fuerte al asiento… o al volante.

Porque el problema no es la ley en sí —que, sobre el papel, suena bien— sino quién la aplica. Y ahí está la trampa. Una ley ambiciosa en manos de una administración lenta, ideologizada y desconectada de la realidad se convierte en otro ejercicio de propaganda. Declaran que la movilidad es un derecho social, lo cual suena muy progresista y moderno, pero dígaselo al vecino de un pueblo gallego o turolense que tiene que hacer treinta kilómetros para coger un autobús. Lo que en los papeles es “movilidad sostenible”, en la vida real muchas veces es “camina o paga gasolina”.

El Estado pretende digitalizar el transporte creando un “Espacio de Datos Integrado de Movilidad”. Maravilloso. Pero la digitalización no se impone por decreto. Se construye con inversión, talento y continuidad, tres cosas que rara vez sobreviven a una legislatura. La mitad de los ayuntamientos ni siquiera tienen técnicos especializados ni recursos para cumplir con las exigencias que marca la ley. Es fácil hablar de inteligencia artificial, sensores y big data desde un despacho en Madrid, pero es mucho más difícil hacerlo funcionar sobre el terreno, donde las cosas fallan, los servidores se cuelgan y los presupuestos no alcanzan.

Mientras tanto, vuelven a cargar la mochila sobre los empresarios. Las empresas medianas y grandes deberán elaborar planes de movilidad sostenible para sus trabajadores. Otra capa de burocracia, otra obligación más para los que ya sostienen el país. No me malinterpreten: fomentar el transporte limpio y el teletrabajo es razonable. Lo que no es razonable es seguir exigiendo a los empresarios lo que el Estado no es capaz de cumplir ni consigo mismo.

Y luego está el gran titular: la reducción de vuelos cortos cuando haya alternativa ferroviaria. Perfecto, pero antes de prohibir habría que ofrecer alternativas reales. En muchas zonas ni existe tren, o el que hay es tan lento que parece un homenaje a principios del siglo pasado. Si no hay infraestructura moderna, hablar de sostenibilidad es postureo. Es fácil recortar vuelos desde un atril; lo difícil es construir vías y trenes que funcionen.

Lo que de verdad hace falta en España no es una ley más, sino gestión, seriedad y decencia. El problema no es la falta de normativa, sino el exceso de mediocridad en quienes deberían aplicarla. Porque este país no sufre un déficit de ideas, sino un superávit de políticos que viven de ellas sin ejecutarlas. Prometen movilidad sostenible mientras mantienen administraciones inmóviles.

Así que, sí, la Ley de Movilidad Sostenible suena bien. Pero en este país, cada vez que suena bien algo aprobado por políticos, uno tiende a desconfiar. Porque ya sabemos cómo acaba: mucho titular, muchas comisiones, mucho estudio, y al final el ciudadano sigue esquivando baches y el empresario haciendo malabares para llegar a fin de mes. El papel lo aguanta todo; el asfalto, no.

¡Se me tecnologizan!