¿Dónde quedan la justicia y el bienestar si el futuro se construye solo sobre avances económicos y tecnológicos?

En un mundo que camina a pasos acelerados hacia una transformación económica y tecnológica sin precedentes, es legítimo —y necesario— preguntarse: ¿dónde quedan la justicia y el bienestar en este proceso? ¿Qué papel juegan los valores humanos, sociales y territoriales en una economía cada vez más digitalizada, global y, en ocasiones, deshumanizada?

Desde la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), y en sintonía con los principios que defiende también la CEOE a nivel nacional, consideramos que el desarrollo económico no puede desligarse de los pilares que sostienen una sociedad justa y cohesionada: el bienestar de las personas, la equidad territorial, la transparencia institucional y el fortalecimiento del tejido productivo desde la base.

La innovación y la economía digital están llamadas a transformar nuestros sistemas productivos. Y lo celebramos. La capacidad de generar empleo, atraer inversiones y mejorar la competitividad de nuestras empresas depende, en buena medida, de nuestra adaptación a esta nueva realidad. Pero no debemos cometer el error de creer que basta con crecer en PIB o liderar rankings de digitalización para afirmar que el país va bien.

El desarrollo debe ser inclusivo. No es justo —ni sostenible— que los avances beneficien a unos pocos mientras otros sectores sociales o territoriales se quedan atrás. No podemos hablar de éxito económico cuando los pequeños autónomos luchan por sobrevivir, cuando las familias no pueden conciliar vida laboral y personal, cuando la economía local está asfixiada por la burocracia, la falta de apoyo financiero o las distorsiones del mercado.

No podemos hablar de éxito económico cuando los pequeños autónomos luchan por sobrevivir, cuando las familias no pueden conciliar vida laboral y personal, cuando la economía local está asfixiada por la burocracia

Uno de los elementos que más erosionan la confianza en nuestras instituciones y en el propio sistema económico es la corrupción. No se puede construir un futuro próspero y justo si no existe una política firme de integridad y transparencia. La corrupción no solo implica un coste económico —miles de millones de euros cada año—, sino que mina la moral de quienes cumplen las normas, de quienes emprenden con honestidad, de quienes pagan sus impuestos y generan empleo con esfuerzo diario.

Desde la CEG hemos defendido siempre la ética empresarial y la necesidad de reforzar los mecanismos de control y rendición de cuentas. Una economía sana requiere instituciones sólidas y limpias. No hay avance tecnológico que compense la desafección ciudadana que provoca un sistema percibido como desigual o manipulado.

Las familias y los autónomos: columna vertebral del bienestar

Las familias son la base de la cohesión social. Y los autónomos, junto con los pequeños y medianos empresarios, son la columna vertebral de nuestra economía. En Galicia, más del 90% de las empresas son pymes o microempresas, muchas de ellas de carácter familiar. Son ellas las que mantienen el pulso de nuestras villas, las que ofrecen empleo en el entorno rural, las que apuestan por el territorio.

Pero hoy, demasiadas de estas empresas operan en condiciones de gran fragilidad. La presión fiscal, la inflación, los costes energéticos, la carga administrativa o la falta de relevo generacional son solo algunos de los desafíos a los que se enfrentan. Si queremos un futuro justo y sostenible, no podemos permitirnos ignorar las necesidades de quienes generan riqueza de forma silenciosa, día tras día, en cada rincón de Galicia.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Galicia contaba en 2023 con 197.200 pymes, de las cuales el 96,7 % eran microempresas (menos de 10 empleados) y más de la mitad (54 %) sin asalariados, lo que subraya la relevancia de los autónomos y pequeñas empresas en nuestro tejido productivo. Estas cifras reflejan también grandes dificultades: en 2021 la mortalidad empresarial superó el 9 %, frente a una tasa de natalidad del 7,8 %, resultando en una disminución neta de alrededor del 1,5 % del tejido empresarial. En el caso de los autónomos, solo un 30 % de los dados de alta en 2017 seguían activos cuatro años después, frente al 49 % en 2006, lo que evidencia la urgente necesidad de mejorar condiciones fiscales, administrativas y de apoyo.

Según datos de la Asociación de Autónomos y PYMEs de Galicia (APE) presentados en noviembre de 2024, la Zona Franca de Vigo alberga más de 600 empresas y genera 25 000 empleos, lo que representa uno de cada cuatro puestos de trabajo en el área metropolitana. 

Aunque la provincia de A Coruña experimentó un ligero incremento del 0,1 % en su número de autónomos en enero de 2025, Galicia como conjunto registró una caída del 0,4 % con 788 menos afiliados, frente al crecimiento del 1,3 % a nivel nacional .

Estos datos ponen de relieve la necesidad de redoblar esfuerzos para estabilizar y aumentar el emprendimiento, especialmente fuera de los grandes centros urbanos.

Es urgente simplificar trámites, fomentar la digitalización con acompañamiento real, ofrecer financiación accesible y garantizar una fiscalidad que incentive la actividad y no la penalice. Del mismo modo, se deben diseñar políticas de conciliación, formación y vivienda que refuercen a las familias como núcleo de bienestar.

No hay justicia sin cohesión territorial. Y en este punto, la economía local desempeña un papel crucial. Galicia, con su diversidad geográfica, demográfica y productiva, necesita políticas adaptadas a su realidad. No se puede aplicar el mismo modelo para una gran ciudad del centro peninsular que para un municipio costero gallego o una comarca del interior.

Reclamamos desde la CEG que se reconozca y refuerce el papel de las comunidades autónomas en el diseño de estrategias económicas que tengan en cuenta la dimensión local. Es fundamental descentralizar decisiones, respetar la singularidad de cada territorio y dotar a las instituciones autonómicas y locales de los recursos necesarios para actuar con eficacia.

Galicia no puede —ni quiere— quedarse rezagada. Somos una comunidad con un gran potencial en sectores estratégicos: agroalimentación, biotecnología, naval, energía eólica marina, turismo sostenible, economía azul… Pero para aprovechar esta riqueza necesitamos equidad en la distribución de los recursos y en el diseño de políticas estatales. El futuro de España no puede construirse ignorando las vocaciones productivas de comunidades como la nuestra.

En un contexto internacional cada vez más volátil, la economía gallega —muy abierta al exterior y dependiente de las exportaciones en sectores clave como el textil, el agroalimentario o la automoción— se ve especialmente afectada por las guerras arancelarias y los cambios geopolíticos.

Las tensiones comerciales entre potencias, los vaivenes en la política exterior europea o la incertidumbre sobre los acuerdos comerciales globales pueden tener efectos devastadores sobre nuestras empresas. Reclamamos una política exterior y comercial firme, coherente y alineada con los intereses de nuestro tejido empresarial.

Los datos de comercio exterior del año 2024 confirman que Galicia alcanzó un nuevo récord con 31.019 M € en exportaciones, un incremento del 3,3 % interanual, muy por encima del avance del 0,2 % de España . Este impulso exportador se ha asentado con una balanza comercial superavitaria de 10.110 M € , según el informe de comercio exterior del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, además del del Instituto Galego de Estatística (IGE).

Sin embargo, esta dinámica es vulnerable: sectores estratégicos como automoción, textil o agroalimentario pueden verse afectados por tensiones arancelarias y barreras comerciales a nivel mundial. Un estudio reciente de la Xunta estima que los sobrecostes de los aranceles de Estados Unidos podrían restar entre 200 y 225 M € al PIB gallego.

Con cerca de un millar de empresas gallegas exportando regularmente a EE. UU. (2,6 % del total), un aumento generalizado de los aranceles, incluso en sectores industriales y agroalimentarios, amenaza con comprometer la competitividad y poner en riesgo buena parte de ese valor añadido.

Estos datos acotan con precisión las necesidades del tejido empresarial gallego y refuerzan la tesis de que sin justicia —económica, social y territorial— no hay progreso real. Y evidencian la urgencia de que nuestras políticas económicas y tecnológicas estén acompañadas de medidas reales que garanticen apoyo al emprendedor, integridad institucional y cohesión territorial, pilares fundamentales que defendemos desde la CEG, al igual que la CEOE a nivel nacional.

Galicia no es periferia. Galicia es frontera. Y las fronteras no son debilidades, sino oportunidades. Nuestra posición estratégica atlántica, nuestra capacidad de resiliencia, nuestro capital humano y nuestra vocación exportadora nos sitúan en condiciones de liderar muchas de las transformaciones que vienen. Pero para ello necesitamos ser escuchados.

Necesitamos infraestructuras competitivas (por ejemplo, un AVE plenamente operativo y conectado con el norte de Portugal), una política industrial clara, más apoyo a la innovación empresarial, y sobre todo, una visión de país que integre a Galicia como un actor imprescindible en la construcción del futuro.

Crecimiento sí, pero con justicia y sentidiño

El futuro no puede medirse solo en tasas de crecimiento o en avances tecnológicos. Debe medirse también en términos de cohesión social, justicia económica y bienestar compartido. Desde la Confederación de Empresarios de Galicia, creemos que la tecnología y la economía deben estar al servicio de las personas. No al revés.

Por eso trabajamos para que las políticas públicas y las estrategias empresariales incorporen una mirada más amplia, más humana y más territorial. Porque no habrá progreso real sin justicia. Y no habrá justicia sin un compromiso firme con las familias, los autónomos, los pequeños empresarios y los territorios que hoy —como Galicia— luchan por seguir aportando valor al conjunto del país.