La Fiscalía pone la lupa sobre las residencias de ancianos
La Fiscalía Superior de Galicia recaba datos sobre la situación de los centros de mayores y dependientes por orden del Estado tras aumentar los contagios
La Fiscalía gallega ha decidido poner la lupa sobre la actuación de las residencias de mayores y dependientes de la comunidad ante la crisis del coronavirus. De momento, no hay ninguna investigación abierta. No obstante, el órgano judicial tiene la encomienda por parte de la Fiscalía General del Estado de remitir datos acerca del funcionamiento de estos centros, ya sean públicos o privados. “Siguiendo esta directriz, se ha solicitado a dichos centros la remisión de información sobre fallecimientos producidos, la existencia de situaciones de riesgo para los ingresados, las medidas adoptadas y las necesidades planteadas para una adecuada protección”, indican a este medio fuentes del Ministerio Fiscal en Galicia.
El encargo de la Fiscalía General del Estado llega a Galicia justo cuando en las dos últimas jornadas se han empezado a conocer los primeros casos de contagios en residencias gallegas. Según datos ofrecidos por la Consellería de Política Social, son nueve: uno en Caldas de Reis (Pontevedra), otro en Celanova (Ourense), dos en Vigo y cinco en Santiago. En la capital gallega, el centro privado Domus Vi de San Lázaro mantiene a unas 60 personas aisladas en una misma planta del edificio.
Investigación penal en Madrid
La Fiscalía del Estado ha decidido poner el foco sobre las actuaciones y los protocolos que se están siguiendo en centros de mayores y de personas dependientes ante las alarmantes cifras de contagios sumadas en Madrid. Su Fiscalía Provincial, de hecho, abría este miércoles una investigación penal a raíz de una denuncia presentada por asociación del Defensor del Paciente ante la muerte de al menos 20 personas en la residencia de mayores Monte Hermoso de Madrid a causa del Covid-19.
En Galicia, y al margen de la actuación del Ministerio Fiscal, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, indicó que las visitas a los centros de mayores de la comunidad, tanto públicos como privados, quedaban suspendidas para evitar la propagación del virus.
Críticas de Pablo Casado
La situación ha derivado también en un cruce de acusaciones a nivel político. Este viernes, el líder del PP a nivel estatal, Pablo Casado, denunciaba que se estaba haciendo un uso partidario de este asunto y que únicamente se estaban investigando centros de comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular.
La acusación ha sido desmentida por la Fiscalía General del Estado que insiste en que la indicación de la fiscal general, Dolores Delgado, de analizar los datos de todos los centros españoles, ha sido trasladada a todas las fiscalías superiores.
Videoconferencia de ‘populares’
Casado realizó su acusación tras mantener una reunión por videoconferencia con el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo; Madrid, Isabel Díaz Ayuso; Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; Murcia, Fernando López Miras; Andalucía, Juan Manuel Moreno y la ciudad autónoma de Melilla, Juan José Imbroda.
«Espero que no se esté dando prioridad a preconstituir pruebas cuando llevamos ya una semana en la cual el mandato único a nivel nacional hace que la responsabilidad sea del Gobierno de la nación», ha avisado.
Los centros avisan: hay que derivar casos
En cualquier caso, los propios centros de mayores alertan de la situación en la encuentran en estos momento en la comunidad gallega. La Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría (SGXX) y la asociación Acolle, que integra a varias residencias y centros de ancianos de Galicia, avisan del peligro de mantener a mayores contagiados de Covid-19 en el interior de estas instalaciones, con más personas vulnerables. «En estos centros es muy difícil aislarlos», comenta la presidenta de Acolle, Celina Rey, que además dirige la Residencia Divina Pastora de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).
En este punto coincide el presidente de SGXX, Miguel Ángel Vázquez, quien alerta de que «es una mala práctica» mantener a una persona mayor con coronavirus en este entorno, aunque esté confinada. «Hay que derivar los casos de alta sospecha, y por supuesto los positivos, a un centro sanitario», añade.
Vázquez alerta de que el Covid-19 es un virus con un índice de letalidad «entre un 11 y un 14%» entre los mayores de 80 años, mientras que «la media» de edad de los usuarios de estos centros en la Comunidad «supera los 85».
«No solo es un maltrato a la persona que tiene la enfermedad, que también, sino a los que no la tienen. Es un atentado contra los derechos de las personas«, señala, no sin antes augurar que se podrían producir más muertes.
