Mazón insta a Torró a defender desde el Ministerio la «extorsión» a empresas con sede en la Comunitat

La polémica petición de Carles Puigdemont reclamando a Pedro Sánchez multar a las empresas que no vuelvan a Cataluña se quedó ayer a falta de una contestación según consideran desde el Consell presidido por Carlos Mazón. El ex presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que está de retirada, sí que mostró su rechazo pero no ocurrió lo mismo por parte de Rebeca Torró, cuya posición como secretaria de Estado de Industria sería crítica en la ejecución de las multas pedidas por Puigdemont.

Fuentes del Consell que preside Carlos Mazón apuntaron ayer: «Esperamos y confíamos en que la valenciana Rebeca Torró, nueva secretaria de Estado de Industria, y ex portavoz del PSOE en las Cortes Valencianas hasta hace apenas un mes, no se preste, desde el Ministerio de Industria, a este inaudito ejercicio de extorsión que pretende ejecutar el separatismo catalán contra las empresas instaladas libremente en la Comunidad Valenciana y que lamentablemente cuenta con la legitimación del Gobierno de Pedro Sánchez».

La repercusión de estas medidas es que, apuntan desde el Consell, la aprobación de medidas tan coercitivas como las planteadas por el separatismo catalán y alentadas por el Gobierno de Pedro Sánchez tendría «consecuencias fatales para los intereses económicos de la Comunitat Valenciana«.

En esta sentido, recuerdan que entre 2017 y 2020, más de 700 empresas trasladaron su sede social de Cataluña hacia la Comunitat Valenciana «huyendo de la deriva secesionista y del clima de inseguridad jurídica que provocó la declaración unilateral de independencia y todas las actuaciones relacionadas con el llamado “procés” llevado a cabo en 2017».

El proceso llevó a la Comunitat Valenciana a convertirse en sede de las dos únicas empresas del Ibex 35 que tienen su sede social en la región gracias a la decisión de Caixabank y Banco Sabadell. El antecedente más cercano fue el traslado de la sede social de Iberdrola Renovables, filial de Iberdrola, a Valencia en 2008, una decisión marcada por la política ya que por entonces Bancaja (tercer caja de ahorros de España) era accionista de referencia de la eléctrica.

Derecho a la libertad de emrpesa

Desde el Consell se apunta que las multas propuestas por Puigdemont supondrían menoscabar «el derecho a la libertad de empresa, al principio de igualdad y a la libre competencia» mientras consideran que dicha propuesta forma parte del pacto PSOE y JxCat, cuyo cumplimiento ahora se reclama al Gobierno por parte de los independistas.

«Desde la Generalitat Valenciana no se va a consentir bajo ningún concepto este ataque directo a los intereses valencianos y sus empresas, empresas que gozan de un clima de certidumbre, estabilidad y seguridad jurídica absoluta en la Comunidad Valenciana. Por ello, exigimos al Gobierno que ponga fin a la coacción del separatismo catalán, y que deje de legitimar este ataque contra los intereses valencianos, que además, supone una vulneración flagrante de la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios que garantizan la movilidad de empresas y profesionales en toda la Unión Europea».

La petición se centra en que Rebeca Torró, que es la por su posición como secretaria de Estado de Industria más cerca está de tomar cartas en este asunto se pronuncie.

Ximo Puig ve “imposible» la petición de Junts

Sobre este tema, desde el PSOE valenciano habló ayer el ex presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Respecto la propuesta de Junts y las empresas, dijo que “en un Estado de derecho es imposible plantearse un direccionismo político de estas características no se puede pervertir lo que es una realidad incuestionable en la Unión Europea”.

En este sentido, ha añadió: “Se deben preservar estas condiciones para que no haya una vuelta atrás en las decisiones empresariales, que en todo caso siempre hay que respetar”.