La ley catalana de alquiler provoca una caída del 40% en la oferta un año después de su aprobación

La ley aprobada hace un año no ha logrado una caída de los precios, pero ha provocado un efecto rebote que ha reducido un 40% la oferta de alquiler

Bloques de pisos en l’Hospitalet de Llobregat / ED

La ley catalana para controlar y regular el precio del alquiler entró en vigor el 22 de septiembre del año 2020, tras su aprobación con los votos a favor de JxCat, ERC, los comuns y la CUP, y transcurrido un año desde entonces se constata que no está mostrando los resultados que perseguía, ya que no ha habido un efecto directo sobre la caída de los precios y ha provocado una caída de la oferta de alquiler disponible del 40%.

Estas son las conclusiones del portal inmobiliario pisos.com sobre el impacto de la ley catalana que limita los precios de alquiler en los municipios considerados “tensionados”, en los que no se habría producido una caída de precios como consecuencia de la norma.

Según pisos.com, la evolución decreciente desde principios de 2020 responde a una “tendencia natural” a la baja tras años de crecimiento previo y una posterior estabilización. En Barcelona ciudad el precio del alquiler ya había comenzado a caer a principios de 2020, antes de la aplicación de la nueva regulación, según los datos ofrecidos por la propia Generalitat de Cataluña.

El director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, explica que los precios ofertados por los propietarios barceloneses en el portal inmobiliario “han seguido la misma tendencia a la baja desde hace más de un año”, ya que las tasas de crecimiento de dos dígitos se produjeron hasta inicios de 2019, siendo sólo del 5% a finales de 2019 y pasando a terreno negativo en 2020.

“En Madrid capital la tendencia ha sido prácticamente idéntica, por lo resulta evidente que la moderación de los precios del alquiler en Barcelona no responde a un impacto directo de la ley de alquileres catalana”, asegura el experto.

Efecto rebote por el alquiler turístico y la inseguridad

En cambio, sí tenido incidencia clara sobre el contenido de la oferta de la vivienda de alquiler en Cataluña la pandemia, especialmente por el trasvase de alquiler turístico a larga duración que se produjo el pasado año, que llegó a duplicar el contenido en los portales en alquiler residencial. 

No obstante, en el último año se ha producido un ‘efecto rebote’ en el que se ha registrado una caída del 40% de la oferta de alquiler disponible tanto por el auge del alquiler turístico como por la inseguridad que se ha generado en el mercado con la aplicación de esta ley, lo que a su vez “ha llevado a muchos propietarios a retirar su vivienda del mercado”, afirma Font.

El experto alerta de que la regulación de los alquileres en Cataluña “llegó tarde“, por lo que no sólo no ha conseguido el efecto deseado sino que “tampoco ha compensado el elemento desestabilizador que provocó su implementación en el mercado”.

“La evolución de las rentas no ha ido acorde con la evolución de los salarios, por lo que cada vez más hay familias a las que les resulta difícil pagar el alquiler, y se ha optado por una medida que ha sido todavía más perjudicial para el mercado del alquiler”, ha denunciado.

Aumentar la oferta

De su lado, el especialista apunta que otras medidas que sí se han mostrado efectivas en Europa han sido aquellas que, de una manera u otra, se han enfocado en hacer crecer la oferta, como el caso de Viena, donde la propia ciudad es el principal propietario de la vivienda en alquiler, o Sídney, donde se ha duplicado la oferta de alquiler desde 2017.

“Estos ejemplos demuestran que actuando sobre la oferta es posible rebajar la tensión en los precios y resolver el problema de accesibilidad a la vivienda”, subraya Font, quien sí considera que la diferencia entre la capacidad de pago de las familias y la evolución de las rentas hace necesaria la actuación de las administraciones públicas.

Eso sí, subraya que esta ayuda debe ir enfocada a aumentar la situación económica de los inquilinos y aumentar el parque de vivienda en alquiler tanto en el mercado libre como el de vivienda asequible o alquiler social, a través de la colaboración público-privada.