CCOO reclama un "pacto forestal" y pide "relevos" en la Xunta por la ola de incendios

Comisiones Obreras eleva el tono contra la Xunta de Galicia a cuenta de la ola de incendios. El sindicato ha reclamado al Ejecutivo autonómico que tome medidas para evitar que se vuelvan a repetir episodios como el de este verano.

Para ello, CCOO ha exigido la puesta en marcha de un «pacto forestal gallego», con la participación de todos los agentes implicados; la «estabilidad laboral» del dispositivo de extinción, y el cumplimiento de la ley de incendios y la normativa de montes.

La secretaria xeral de CCOO en Galicia, Amelia Pérez, ha trasladado sus «condolencias» a las familias de fallecidos y «solidaridad» a los heridos, así como «todo el apoyo» del sindicato al personal de extinción. «Esta ola no solo es un problema de la Consellería do Medio Rural, sino también de la de Medio Ambiente, que ha estado completamente desaparecida», ha afeado, dirigiéndose a la Xunta. De esta forma, ha insistido en la reclamación para que se asuman consecuencias y haya «relevo» frente a la Secretaría Xeral Técnica y la Dirección Xeral de Defensa do Monte.

En esta rueda de prensa, la «falta de medios» también ha ocupado un lugar central. Así lo ha denunciado el jefe de brigada y presidente del comité de empresa de la Consellería do Medio Rural en Ourense, Óscar Rodríguez, quien ha señalado que solo hay alrededor de 450 trabajadores, de los 630 que estima necesarias, para manejar 157 motobombas.

«No existe ninguna trama incendiaria en Galicia ni en el resto del Estado. Lo que hay son causas múltiples y, sobre todo, la repetición de los mismos errores y de las disputas políticas año tras año», ha expuesto Amelia Pérez, en alusión indirecta a declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que, durante la ola, habló de «terrorismo incendiario». La sindicalista ha insistido en que hace falta una «análisis rigurosa de lo sucedido», así como «aprender de lo que ha pasado y asumir los errores con humildad».

La hoja de ruta de CCOO

En este sentido, Amelia Pérez ha puntualizado que «el verano no ha finalizado» y ha advertido de que «el cambio climático es una realidad que está ahí», por lo que «no es suficiente» con pensar en soluciones a largo plazo, sino que también es necesario actuar de inmediato.

Es por ello que ha presentado una serie de propuestas, que caracteriza como «serias y constructivas». Entre ellas, ha destacado la apertura de un «pacto forestal gallego» con todos los agentes implicados y la planificación de los recursos humanos y técnicos «con criterios profesionales y no partidistas».

También ha insistido en la necesidad de garantizar el «cumplimiento estricto» de las leyes de incendios y montes, que hoy permanecen incumplidas en cuestiones fundamentales. Por su parte, el responsable de Acción Sindical de CCOO en el Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais (SPIF), Carlos Hermida, ha denunciado la «elevada temporalidad», que afecta a más del 40 % del operativo.

Además, ha criticado que la Xunta anunciara el pasado agosto una oferta pública de empleo (OPE) con exámenes en febrero, «cuando aún no están resueltos otros concursos». La organización ya ha solicitado el aplazamiento de esa convocatoria para que el personal sepa si obtendrá plaza o tendrá que prepararse para este nuevo examen.

«Falta de medios»

En paralelo, el jefe de brigada y presidente del comité de empresa de la Consellería del Medio Rural en Ourense, Óscar Rodríguez, ha denunciado la «falta de medios» para manejar el dispositivo. Ha explicado que para operar las 157 motobombas serían necesarios 630 trabajadores y trabajadoras, pero solo hay alrededor de 450, casi 180 menos.

Ha afeado también que, al inicio de la época de alto riesgo, aun faltaban por incorporar unas 300 personas, lo que «incrementa el tiempo de reacción y agrava las consecuencias de los incendios».

Del mismo modo, ha recurrido a los datos oficiales y ha comparado el Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia (Pladiga) de 2021 con el actual, a partir de lo que ha señalado una «reducción de recursos», especialmente en las brigadas municipales.