Alcoa promete dinero para San Cibrao a cambio del blindaje ante demandas

La multinacional asegura que la indemnidad es imprescindible “sabiendo que la SEPI prevé posteriormente vender esta planta a un tercero" y dice que compensará los riesgos con una “contribución económica”

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Alcoa fija posición en el proceso de venta de la planta de San Cibrao (Lugo) a la SEPI. La multinacional norteamericana ha explicado parte de las condiciones que exige para el traspaso de las instalaciones en una carta remitida a la plantilla de la factoría. La misiva confirma lo que avanzó en marzo este medio: Alcoa quiere un blindaje ante reclamaciones o procesos judiciales futuros una vez venda la planta.

La compañía explica que esta cláusula de responsabilidad es «completamente habitual en este tipo de operaciones» y la considera “aún más relevante sabiendo que la SEPI prevé posteriormente vender esta planta a un tercero«.

La aluminera sostiene que ya se había incorporado en la anterior tentativa de vender las instalaciones lucenses sin que la sociedad pública pusiera ningún problema, aunque lo cierto es que en esta ocasión es más amplia y detallada que en las negociaciones anteriores. La investigación judicial que afronta Alu Ibérica, las plantas de A Coruña y Avilés que vendió a Parter, pudo influir en que Alcoa pida más garantías.

Alcoa pondrá dinero para la SEPI

En todo caso, la multinacional se muestra convencida de la “legalidad” de las condiciones que solicita y de la necesidad de limitar sus responsabilidades futuras en una operación en la que «el vendedor es quien paga y el comprador no se compromete a aportar ninguna cantidad por la compra de la planta».

Alcoa asegura en la carta que «la contribución económica aportada por Alcoa compensaría las responsabilidades y obligaciones generadas por la planta de aluminio hasta su venta, que razonablemente se prevean».

Todo el poder para el Gobierno

La SEPI, por su parte, «tendrá la oportunidad de evaluar esas responsabilidades a través del proceso de diligencia debida», si bien «como nuevo comprador asumiría la gestión y responsabilidades generadas a partir del momento en que se complete la venta». En suma, en virtud de esa cláusula de indemnidad, todo recaería sobre el comprador, el Estado, en cuanto la multinacional americana se desprenda definitivamente del activo.

Alcoa remarca en la carta su compromiso para con el diálogo y la actitud de «buena fe», aunque con este inamovible requisito. Recuerda además la compañía su deseo de firmar el 30 de abril «a más tardar» y hace hincapié Alcoa en que si la SEPI requiere que un tercero negocie en su nombre con Alcoa, «ya les hemos transmitido que estamos abiertos a esa alternativa». «Una vez se complete el acuerdo, SEPI decidirá cualquier acción posterior relativa», concluye.

Economía Digital Galicia

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