Florentino Pérez enseña el camino a Audasa: pide 5.300 millones en compensaciones a sus autopistas

Abertis reclama al Estado en base a la cláusula que blinda los ingresos de las concesionarias, justo cuando Audasa advierte que pedirá más de 1.000 millones si la apartan de la AP-9

Florentino Pérez / EFE

Florentino Pérez / EFE

En medio de la discordia permanente que parece rodear a la AP-9, ya sea por la transferencia de la autopista, las compensaciones millonarias o las subidas de peaje, emerge un nuevo choque entre una concesionaria y el Estado. Y tiene nada menos a Florentino Pérez como uno de los protagonistas. Como avanzó este medio, Abertis, participada por ACS y la italiana Atlantia, ha presentado una liquidación de 5.381 millones al Ministerio de Transportes correspondiente al saldo de compensación pendiente de abonar a la conclusión del periodo concesional de las autopistas AP-7 y AP-2.

Esa cuantía se corresponde con las compensaciones acumuladas por tres conceptos: las obras acometidas en los viales, básicamente ampliaciones de carriles entre Girona y Tarragona; bonificaciones en determinados tramos solicitadas por el Ministerio que mermaron los ingresos por peajes; y la caída de tráfico por el Covid y la crisis financiera que también provocaron caídas de ingresos.

Abertis invoca la cláusula del equilibrio económico-financiero de la concesión, recogida en el convenio que firmó en 2006 su filial Acesa, concesionaria de las autopistas, con el Gobierno de Rodríguez Zapatero y de la que también dispone Audasa para ser compensada, por ejemplo, por las obras de ampliación del puente de Rande o de la circunvalación de Santiago. La empresa participada por el grupo de Florentino Pérez firmó su convenio con Magdalena Álvarez en el Ministerio de Fomento y la concesionaria de la AP-9 con José Blanco.

Curiosamente, la liquidación trasladada en septiembre por Abertis al Gobierno, esos 5.381 millones, llegó al departamento de Raquel Sánchez poco antes de que Audasa se pronunciara por primera vez sobre una posible retirada de la concesión. Como también avanzó Economía Digital, aseguró a los inversores que, en tal caso, le correspondería una indemnización “significativamente” superior al importe de su deuda, que asciende a 1.021 millones.  

En la AP-9 pagan los gallegos, en la AP-7, el Estado

Aunque las dos concesionarias lleguen al mismo lugar, es decir, la reclamación de una compensación al Estado, los puntos de partida son distintos. El convenio con Acesa prevé específicamente una compensación por menores ingresos de peaje, fijando unos ingresos de referencia por este concepto.

Cuando se firma, en 2006, no está en la cabeza de Magdalena Álvarez ni de Rodríguez Zapatero, como quedó sobradamente acreditado, una crisis financiera global que hundió en la recesión económica al país y lo dejó al borde del rescate. Los ingresos de la autopista se desplomaron y la concesionaria se siente legitimada para reclamar la diferencia respecto a los ingresos de referencia fijados en el convenio. Es el Gobierno de Mariano Rajoy quien reinterpreta aquel acuerdo y concluye que las obras y las bonificaciones de los peajes se pagan, pero los menores ingresos no, misma postura que mantiene el equipo de Pedro Sánchez.

En el caso de la AP-9, tanto el convenio firmado por José Blanco para las obras de ampliación de Rande y Santiago, como las bonificaciones acordadas con Ana Pastor en la cartera de Fomento (viaje de vuelta gratuito en los tramos entre Vigo y Pontevedra), también deben ser compensadas, pero no necesariamente mediante una inyección de dinero del Estado, sino mediante subidas de tarifas del peaje. Es decir, son los propios conductores los que asumen en el incremento de precio los costes adicionales en los que incurrió Audasa por las obras de la autopista y los menores ingresos por las bonificaciones aplicadas, lo que explica que la AP-9 sufriera los mayores incrementos de precios entre todas las autopistas del Estado.

A cierre del junio de este año, ese saldo a compensar ascendía a 351,3 millones.

¿Por qué habla Audasa de más de 1.000 millones?

En el caso de la AP-9, no se trata del final de la concesión, que todavía tiene vigencia hasta 2048, sino de que Europa considera que la prórroga concedida por el Gobierno de José María Aznar hasta ese año fue ilegal, pues no medió proceso competitivo alguno como exige la normativa comunitaria. Tenía que haber realizado un concurso, pero decidió prolongar la concesión directamente. Revertir esa irregularidad para evitar sanciones de Bruselas podría conllevar la retirada de la concesión a la filial de Itínere, que preventivamente advierte que exigirá una indemnización astronómica si llega a suceder tal cosa.

En esa indemnización incluye el importe de su deuda, pues emite bonos para financiar las obras del vial y entiende que debe restablecerse el equilibrio económico financiero de la concesión antes de darla por finalizada. Pero Audasa ya ha puesto sobre la mesa otras compensaciones, como los 351,3 millones pendientes de ingresar con la subida de peajes, otros 25 millones por peajes en sombra y los 46 millones que pide por la caída de ingresos durante el Covid y que están ya en los juzgados.