Los trabajadores de Losán señalan a la SEPI por la situación límite de la empresa

La plantilla de la maderera Losán se ha movilizado este jueves para denunciar los impagos de la empresa y pedir la continuidad del empleo y la actividad productiva en las plantas de Curtis y Vilasantar. El fabricante de tablero llegó al 2023 como la segunda mayor compañía del sector por volumen de ingresos, por detrás de Finsa, pero sin resolver los problemas de liquidez que le obligaron a iniciar negociaciones conversaciones con los acreedores para reestructurar más de 200 millones de deuda y presentar al juzgado un plan de viabilidad que tampoco está pudiendo cumplir. Las protestas de los trabajadores, unos 200 en Galicia, coinciden con el impago de las nóminas de noviembre y diciembre. Tampoco se abonó la paga extra de final de año.

La CIG explica que la protesta transcurrió entre una intensa lluvia y frío, pero contó con el apoyo de docenas de vecinos de Curtis y Vilasantar, incluyendo hosteleros, comerciantes y talleres, que cerraron sus puertas al paso de la manifestación en solidaridad con el personal. El secretario de la Federación de Construcións e Madeira en A Coruña, Mario Maceiras, vinculó la situación límite a la que llegó el grupo a una mala gestión empresarial y a una administración incorrecta de los fondos públicos recibidos.

Como explicó este medio, la Xunta respaldó con siete millones a Losán, mediante préstamos otorgados por el Igape (2 millones) y Xesgalicia (5 millones). A estos se sumaron los créditos ICO de 18 millones que solicitó durante la crisis sanitaria y los 35 millones otorgados por el fondo de solvencia de la SEPI para que el grupo saliera a flote tras la pandemia.

El papel de la SEPI

Y es precisamente a la SEPI donde miran los trabajadores para pedir piden que deje de ponerse de perfil. Como principal acreedor del fabricante de tablero, el grupo empresarial público ha avalado, primero, el plan de viabilidad, y luego la tentativa de dar entrada a un socio inversor. Este era Mabesal, una empresa con sede en Valencia integrada en el holding Melarco, pero a última hora se echó atrás. Losán ha trasladado a la plantilla que buscará un nuevo inversor y que venderá activos en España para obtener liquidez, pero eso tampoco ofrece certidumbres a los trabajadores sobre cuándo y cómo cobrarán sus salarios.

«El personal no puede ocultar su profunda decepción por la actitud de la SEPI, una entidad pública que dio su visto bueno a la operación con el inversor, pero que permanece en una posición de inacción mientras la situación se degrada. No se exigen responsabilidades por los retrasos, no se activan mecanismos correctores y no se promueve ninguna solución que permita aliviar una situación ya claramente insostenible. No cuestionamos el marco legal ni el papel institucional de la SEPI, lo que reclamamos es implicación real», dice el manifiesto de la plantilla.

El documento también culpa a la dirección de la falta de solvencia de la maderera, que además de en Galicia tiene plantas de producción en Castilla y León y Castilla-La Mancha. «Lo que está pasando no es un accidente. Es un problema enquistado en el tiempo, alimentado por la falta de decisiones y por la dejación de funciones de una dirección que no fue quien de garantizar el normal funcionamiento del grupo. Esta deriva provocó un goteo constante de salidas, muchas de ellas con sentencias judiciales que reconocen incumplimientos salariales reiterados de la empresa», relata el manifiesto.

Las últimas cuentas de Losán

Las últimas cuentas de Losán son las del ejercicio 2023, que presentó con retraso y tras aprobar el plan de viabilidad con los acreedores. Los números muestran casi 24 millones en pérdidas, frente a los 2,3 millones en ganancias del ejercicio anterior. El resultado de explotación fue negativo por valor de 11,5 millones, mientras que el resultado consolidado del año alcanzó los 23,7 millones en números rojos. Además de los gastos financieros, de 14,7 millones, influyó negativamente en el balance el retroceso en la cifra de negocio, que cayó desde los 343,6 millones de 2022 hasta los 274,1 millones del año siguiente.

La auditora advirtió que el fondo de maniobra era negativo por valor de 92 millones, al igual que el flujo de efectivo de la actividad de explotación (por valor de 26,4 millones), lo que dejaba al grupo en situación de concurso necesario dos años después de recibir los 35 millones del fondo de solvencia de la SEPI.