Rodman alega que ‘se borró’ de un contrato de patrulleras de la Xunta para evitar la quiebra

Rodman y la Consellería do Mar se verán las caras en el Supremo a cuenta de dos patrulleras para el Servizo de Gardacostas. La compañía de Manuel Rodríguez recurre contra una penalidad impuesta en el año 2023 por el departamento que dirige ahora Marta Villaverde en el marco del proceso de contratación de las embarcaciones. Este procedimiento terminó con la empresa presentando la segunda mejor oferta y, tras el desestimiento de la empresa ganadora del concurso, Astilleros Polináutica, incumpliendo un requerimiento de la Mesa en la presentación de documentación.

El Subdirector Xeral de Coordinación Orzamentaria e Contratación concluyó que se trataba de un incumplimiento «total y grave», por el que debía imponerse a Rodman una penalización de 63.300 euros. Los de Manuel Rodríguez, también propietario de Metalships, iniciaron una batalla judicial para evitar la sanción que ahora llega al Supremo, después de que la Sala de lo Contencioso admitiera a trámite su recurso en un auto del pasado 22 de octubre.

Rodman perdió previamente en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que desestimó los tres argumentos principales de su defensa: que la Xunta impuso un plazo de imposible cumplimiento en la entrega de las patrulleras, que vulneró el principio de igualdad al no imponer penalidad alguna a Astilleros Polináutica; y que contradijo la Ley de Contratos del Sector Público pues esta no prevé que se pueda sancionar a la segunda mejor oferta. El TSXG rechazó todas las tesis, que ahora el Supremo valorará de nuevo. El astillero pide, además de la anulación de la penalidad, la eliminación de parte de los pliegos del concurso.

Rodman dice que pudo acabar en quiebra

La negativa de Rodman a continuar el proceso de contratación y, por tanto, entregar la documentación requerida respondió, según señala el auto, a que el plazo de construcción de las dos patrulleras era de 12 meses y entendía que era de imposible cumplimiento. Los magistrados del TSXG entraron en más detalle respecto a este punto, al señalar que la compañía «admite en sus escritos que no cumplimentó el requerimiento porque, luego de estudiar el contenido del PCAP, entendió que no podría cumplir en plazo con la entrega de las embarcaciones porque el lapso temporal del contrato era demasiado escueto y concurrían en la fabricación, transporte y ubicación de las mismas una serie de dificultades logísticas».

Va más allá la empresa olívica, pues señaló ante el TSXG que si presentara la documentación «la empresa quedaría abocada a una suspensión de pagos por imposibilidad de ejecutar la prestación, dado que el contrato prevé la imposición de ingentes penalidades por su demora o incumplimiento ejecutivo».

El Supremo analizará la multa

El Supremo no valorará la posibilidad de anular el artículo del pliego que reclamaba Rodman, pero si analizará la sanción impuesta. Concretamente, considera de interés casacional determinar si cabe imponer una penalidad del 3% del presupuesto base de licitación (sin IVA) al segundo licitador cuando el primero desatiende el mismo requerimiento.

La Xunta no penalizó a la empresa ganadora porque solicitó una ampliación del plazo, lo que, a entender de la Consellería do Mar, suponía un incumplimiento de los pliegos pero no del requerimiento, pues había contestado a él.