Abanca, entre los bancos afectados en la trama de José Luis Moreno: el juez le calcula un perjuicio de 1,5 millones
La Audiencia Nacional propone juzgar al productor y otras 54 personas por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo y estafa a entidades financieras e inversores
José Luis Moreno declara como investigado ante el juez por el ‘caso Titella’. Foto de archivo, de marzo de 2025. Diego Radamés / Europa Press
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El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno propone juzgar al mediático productor José Luis Moreno y a otras 54 personas más por, supuestamente, formar parte de una organización criminal dedicada a conseguir financiación de entidades bancarias e inversores privados a favor de sociedades que, en su mayoría, no realizaban actividades reales, con el objetivo de “lucrarse de manera ilegítima”. Así se expone en un auto dado a conocer este martes en el que la entidad gallega Abanca figura como una de las muchas financieras afectadas. En el documento, consultado por Economía Digital Galicia, se le calcula un perjuicio total de casi 1,5 millones de euros.
La Audiencia Nacional ha dado a conocer el auto del juez instructor del denominado caso Titella, en el que apunta a presuntos delitos de estafa continuada en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales, organización criminal, corrupción en los negocios y frustración de la ejecución. Además, atribuye tanto al conocido ventrílocuo como a Martin Czhmester otro presunto delito contra la Hacienda Pública.
Una cúpula con tres personas
En el auto, el juez Moreno sitúa en la cúpula de la supuesta organización delictiva a Moreno, Antonio Luis Aguilera, su presunto número dos, y a Antonio José Salazar de Castro. A entender de la Audiencia Nacional, los investigados formaban parte de una trama activa al menos desde 2017 e integrada por un elevado número de personas físicas y jurídicas, cuya actividad, “muestra una extraordinaria complejidad, diversificándose en diferentes especialidades desde el fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados mediante una dinámica de rueda de cheques o pagarés a la falsificación de efectos bancarios, además del posterior blanqueo de los beneficios obtenidos de estas actividades, con una estructura dividida en células operativas y claramente jerarquizadas”.
La organización, añade, se dedicaba «a obtener lucro aparentando, con evidente abuso del sistema crediticio de los bancos, la existencia de una solvente actividad económica empresarial para lograr de entidades bancarias productos crediticios, tales como el confirming, factoring o líneas de crédito a empresas y hacer suyo el importe, simulando una crisis económica por una mala gestión mercantil o por incidencias del mercado».
Empresas pantalla y blanqueo
Según la investigación de Moreno, la supuesta organización usaba “una red de empresas pantalla y testaferros” que dificultada apreciar la vinculación entre los mismos, lo que permitía a los imputados “simular la existencia de relaciones comerciales o económicas entre las diferentes empresas, promoviendo las constantes transferencias de fondos de unas a otras para dificultar la trazabilidad y recuperabilidad del dinero obtenido ilícitamente de la defraudación a las entidades bancarias”.
Explica, además, que “la obtención fraudulenta de importantes cantidades de dinero mediante el engaño a las entidades bancarias, volvió al circuito financiero legal a través del cruce de facturas falsas entre las sociedades que conformaban el entramado empresarial de la organización criminal, lo que les ha permitido realizar el cambio en la posesión del dinero de la sociedad beneficiada por el crédito a la sociedad o persona que se ha lucrado definitivamente con esta operativa”. Apunta, además, que con la misma “a las entidades perjudicadas les resultó imposible recuperar el dinero prestado dándolo finalmente por incobrable”.
El caso de Abanca
Entre las entidades perjudicadas por la supuesta trama, se encuentra Abanca, a la que le estima un perjuicio total que asciende a 1,47 millones.
En relación con la entidad gallega, en el auto se indica que uno de los supuestos cabecillas de la trama, Antonio Aguilera, acudió a una sucursal de Abanca en Madrid entre el 6 de julio y el 8 de noviembre del año 2017 usando el alias de Antonio Muntaner Zafra. En línea con la operativa antes descrita, el investigado habría presentado a una empleada, para la obtención de crédito, un descuento de cheques y pagarés con cargo a cuentas de diversas empresas en otras entidades. La investigación judicial determina que “una vez adelantado el dinero, se disponía inmediatamente de los fondos antes de cumplirse el plazo de devolución”.
Según el auto, las sociedades implicadas en la supuesta estafa a Abanca fueron: Dixtels Trade, Coralwin Management, Gasnoble, Munverfru Nature, Cultus Opera Producciones, Integral Mundox Producciones y Proyectos Hispano Argelinos. Todas estas sociedades tenían coincidencia de accionistas y administradores y, en algunos casos, incluso el mismo domicilio social.
“La operativa de estas sociedades es la denominada rueda de cheques, esto es, el abono de remesas de cheques/pagarés con cargo a cuentas de dichas empresas en otras entidades y la disposición inmediata de estos fondos antes de cumplirse el plazo de devolución y, antes, por tanto, de confirmar la existencia de saldo”, explica el auto. De este modo, apunta, se conseguía una financiación irregular y se simulaba una solvencia de la que carecían las empresas, que no tenían actividad real. Posteriormente, llegada la fecha de vencimiento de los créditos, estos quedaban impagados.
Otras entidades afectadas
La operativa que se llevó a cabo en Abanca se habría reproducido en otras sociedades financieras. En el caso de Bankinter, el juez Moreno estima un perjuicio de casi 2,5 millones, así como unos 600.000 euros a Unicaja. BBVA –la que habría sufrido un mayor quebranto– Cajamar, Bankia, Caixabank, Banca Pueyo, Deutsche Bank, Caja Rural de Soria, además del propio Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la Sociedad Estatal Empresa Nacional de Innovación también figurarían como afectadas por la operativa ahora investigada.
El auto indica en sus conclusiones que los supuestos cabecillas de la trama actuaban con “su propia cartera de empresas” y simulaban «actividad comercial con otras pertenecientes a otros miembros, creando un entramado societario con una apariencia solvente, utilizada para crear engaño en las entidades bancarias en la adquisición de todo tipo de productos financieros«.
El papel de Moreno
El juez destaca que José Luis Moreno, como «persona pública muy reconocida», ponía presuntamente su nombre «como tarjeta de visita, para que tuvieran mucho más fácil conseguir financiación en entidades bancarias».
También «sería el encargado de presentar los proyectos cinematográficos o televisivos para los que se requería financiación» y era «el principal receptor de los fondos obtenidos por Aguilera y Salazar».
Los dos últimos, añade, tenían «amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil», se encargaban de «conseguir las sociedades, maquillarlas, poner un administrador y presentarlas antes los bancos como las beneficiarias de la financiación necesaria para el desarrollo de sus actividades, cuando realmente, carecían casi siempre de actividad real», y su finalidad «no era otra que la de lucrase de manera ilegítima».
