Neoliberalismo, impuestos y futuro
En un escenario como el actual, no parece prudente reducir impuestos ni debilitar el alcance de intervención de las administraciones públicas. Es el momento de dejar de lado los dogmatismos ideológicos y buscar un consenso para desarrollar una estrategia de transformación
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (i), y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. EFE/ Fernando Alvarado
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Las primeras medidas de los gobiernos autonómicos de la derecha han supuesto una reducción generalizada de impuestos. Los ejecutivos ahora en manos de PP y Vox han aplicado su tijera tributaria especialmente sobre el impuesto de sucesiones y donaciones, un tipo de tributo que afecta de manera casi exclusiva a los segmentos más pudientes de la sociedad.
El argumento que suele utilizarse para reducir o eliminar el impuesto de sucesiones es que este representa una doble imposición por cuanto los capitales y activos que se transfieren probablemente hayan formado parte en su momento de la base imponible del sujeto que transmite la propiedad. Habría mucho que alegar ante tal argumento. En primer lugar, que cada caso es diferente y que, para estar seguros de que el capital a transferir ha sido objeto de imposición anterior, habría que revisar las declaraciones en las cuales se hubiese incluido. Habría que determinar además el tipo impositivo que, en su caso, se hubiese aplicado y la antigüedad de su generación. Más allá de cuestiones técnicas, debe observarse un hecho bastante obvio: el contribuyente beneficiario de la sucesión o donación tiende a mejorar notablemente su situación económica con lo cual incrementa su capacidad de contribuir a los fines de interés común que dan sentido a toda recaudación tributaria.
A vueltas con Laffer
Otro argumento utilizado por los partidos de vocación neoliberal para justificar la reducción de impuestos es que, al reducir la carga tributaria, quedan más fondos en manos privadas con lo que la economía crece en mayor medida y de esta forma la recaudación también aumenta. Esto es una falacia como una catedral, tal como sabe cualquier persona con un mínimo de criterio y cierta voluntad de conocimiento. El dogma neoliberal procede de la famosa Curva de Laffer que el tal Laffer le dibujara a Reagan un buen día en una servilleta. El problema es que la conclusión seudocientífica de la curva solo funciona en un tramo concreto: cuando la carga es alta. En ese tramo, si se reducen los impuestos, podría aumentar –siempre en teoría– la recaudación, lo cual no sucedería en el resto de la curva. Es decir, los partidos conservadores “se olvidan” de completar el argumento, que en buena lid sería: “cuando los impuestos son singularmente elevados, la recaudación tributaria podría aumentar si la tasa impositiva media se reduce; pero cuando no son singularmente elevados, lo más probable es que una reducción de impuestos implique una reducción de la recaudación”.
Lo que con toda seguridad provoca una reducción de impuestos en un territorio concreto dentro de un mercado unificado es la fuga de contribuyentes desde el resto de territorios hacia aquellos otros que hubiesen aplicado las rebajas. Es lo que se llama competencia fiscal, que deriva siempre en una menor recaudación global. Esta competencia entre CCAA representa una nítida discriminación para los ciudadanos en función del territorio en el cual residen, lo que contradice de manera evidente ese lema de “igualdad entre españoles” que forma parte intrínseca del argumentario al que apela habitualmente la derecha y más en época de debate territorial.
Reducir impuestos es un dogma sin el cual el pensamiento neoliberal pierde su propia esencia. Tiene sentido que los gobiernos de la derecha se aferren a él porque en cierta medida, se juegan la supervivencia de su modelo. Pero si, como se indica en los párrafos anteriores, tal dogma resulta cuando menos cuestionable, en la coyuntura actual –una coyuntura que amenaza con convertirse en estructural– su aplicación parece una auténtica temeridad. Veamos por qué.
Calentamiento global y cuentas públicas
Tras los años de pandemia, la deuda pública en España se ha instalado en valores en torno al 110%. Recordemos que el acceso a la Unión Europea Monetaria fijaba un criterio del 60% de deuda sobre PIB; estamos casi en el doble. Mientras los tipos de interés se situaban en valores cero o incluso negativos, la carga de la deuda por intereses era reducida para las cuentas públicas. Pero tras la escalada de tipos -ya por encima del 4%- esa carga ha aumentado de manera muy importante por lo que disminuir la deuda resulta fundamental y urgente.
La carga impositiva en España se ha situado tradicionalmente por debajo de la media europea. Según los últimos datos, la presión fiscal en España es 7,9 puntos más baja que en Francia, 4,7 puntos inferior a Italia y 3,4 a Alemania. Bajar impuestos en España reduciría sin duda la capacidad recaudatoria del país, y ello en un momento de extrema sensibilidad económica en el cual resulta absolutamente esencial reforzar la capacidad de maniobra del Estado. Me explico:
La intensidad exacerbada del calentamiento global va a modificar abruptamente los equilibrios globales. Por un lado, está exigiendo a los países que recuperen su capacidad de producción en el ámbito de la alimentación. La dependencia exterior de bienes básicos de consumo supone una amenaza para las exigencias nutritivas de los ciudadanos en zonas sin producción local y una fuerte presión sobre su capacidad adquisitiva dada el alza previsible de precios que ya está ocurriendo y que irá a peor.
Además de recuperar la producción agraria local, los distintos territorios tendrán que implantar criterios de cultivos regenerativos y permacultura que garantice el buen estado de los suelos y el buen fin de las cosechas, es decir, la sostenibilidad de la actividad agraria. Y ello en convivencia con un bosque necesariamente respetuoso con el medio autóctono que promueva la biodiversidad y facilite la captura suficiente de CO2. Todo esto supone un enorme proyecto de regeneración y actualización de prácticas productivas que a su vez exigirá ambiciosos programas de inversión coordinados entre los sectores públicos y privados.
Una nueva estrategia respecto al agua, el elemento esencial para la vida y para tantas actividades cardinales del ser humano, va a requerir (lo hace ya) de cambios drásticos en las infraestructuras actuales. Será necesario dotar a las explotaciones agrarias, a las plantas industriales y a hogares y oficinas de nuevas instalaciones capaces de captar, almacenar y tratar agua, así como de asegurar un uso eficiente y su imprescindible reutilización. ¿De qué orden de inversión estamos hablando aquí? Creo que nadie lo puede saber en estos momentos. La cuestión es que cada día llueve menos y los depósitos actuales son claramente insuficientes.
Por supuesto, la renovación de las fuentes de energía en detrimento de los combustibles fósiles en beneficio de las energías renovables implica otra área de actuación e inversión de incalculable exigencia. La construcción de nuevas infraestructuras, la intensa y extensa investigación, la renovación de las redes eléctricas y el apoyo a las actividades privadas en favor de la sostenibilidad energética, supondrán –están suponiendo ya– una relevante presión a los presupuestos públicos anuales.
Así podríamos continuar detallando factores que representan un auténtico desafío a las finanzas públicas. La propia Covid-19 significó un serio aviso sobre los esfuerzos extraordinarios que pueden demandar nuevas crisis de origen biológico. Virus, bacterias, plagas, mutaciones genéticas, especies exóticas: existe una larga lista de amenazas biológicas que requieren una exhaustiva labor de investigación y prevención, así como nuevamente una sólida infraestructura de respuesta a cualquier posible contingencia de esa naturaleza.
Aunque seguimos actuando de espaldas a este hecho, lo cierto es que la supervivencia tal como la conocemos está en riesgo debido principalmente a los desafíos del cambio climático. Los Estados deben garantizarse la capacidad de abordar y responder ante las múltiples amenazas existentes con impacto potencialmente significativo en nuestras vidas. En un escenario como el actual, no parece prudente reducir impuestos ni debilitar el alcance de intervención de las administraciones públicas. Más bien, es el momento de dejar de lado los dogmatismos ideológicos y buscar un consenso para desarrollar una estrategia de transformación que garantice la supervivencia en condiciones óptimas para las generaciones actuales y futuras.
