Ayuso reclama a Sánchez una deuda de 10.500 millones por servicios públicos que no paga

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La Comunidad de Madrid cifra en 10.500 millones de euros la deuda que el Gobierno central tiene con el Ejecutivo regional desde 2019 por servicios públicos que se comprometió a pagar pero a los cuales no ha prestado financiación, como la Dependencia, el transporte público, las inversiones hidrológicas o, incluso, los fondos europeos.

La consejera de Economía de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, desgranó esta cifra en un encuentro informativo con los medios de comunicación, donde avanzó además que ya estaba terminando de cuadrar los últimos números de los Presupuestos regionales que presentará a finales de mes, así como las alegaciones que ha presentado al Anteproyecto con la condonación de la deuda aprobado por el Gobierno central.

Según los cálculos de la Puerta del Sol, el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez debe 2.340 millones de euros en los costes derivados de la Ley de Dependencia, donde el Gobierno está comprometido a pagar el 50% por ley pero, señalan los responsables regionales, «nunca alcanza» dicho porcentaje. Esto implica, explicó Albert, que el Estado adeuda un millón por cada día de servicios de dependencia.

En inversiones comprometidas pero no realizadas, la consejería madrileña cifra en 1.580 millones las 221 actuaciones relativas al Plan Hidrológico del Tajo en la Comunidad de Madrid que no se han llevado a cabo.

Tampoco los 1.200 millones en depuradoras de agua que son fundamentales para cumplir con la normativa europea, como las de La China, Butarque y Sur, todas ellas declaradas de Interés General del Estado y claves para la depuración de la cuenca del Tajo.

Aquí incluyen también la deuda del Gobierno central con el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, quien tendría por pagar 268 millones de euros de 2025, incluyendo la subvención ordinaria y las ayudas directas al transporte. Tampoco habrían llegado los fondos comprometidos por el Ministerio de Justicia para la Ley de Eficiencia de la Justicia, por valor de 44 millones de euros, junto con otros 27 millones de la asistencia hospitalaria para presos en las cárceles madrileñas.

Esas son las grandes partidas, mientras que hay otras más pequeñas hasta alcanzar los 10.500 millones.

Además, la Comunidad también afea que los fondos europeos asignados a la región no corresponden a su tamaño. Hasta abril de este año se han consignado 3.242 millones a Madrid, el 11,3% del total asignado a las CCAA a pesar de concentrar el 14,6% de la población. Un desajuste que cifran en 950 millones.

Ayuso recurre la condonación

Todo esto, mientras el Gobierno ultima la aprobación en segunda vuelta de la Ley Orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las CCAA de régimen común, es decir, la condonación de más de 80.000 millones de deuda autonómica en la que Madrid, dicen desde la consejería de Economía, sale mal parada.

El Gobierno regional ha presentado alegaciones al anteproyecto de ley, asegurando que la redacción es «engañosa y poco transparente» sobre el potencial de emplear el ahorro en intereses para elevar el gasto social, que desincentiva el cumplimiento con las cuentas y con las reglas fiscales europeas y, además, es arbitrario.

Desde Sol apuntan que la deuda condonada por habitante es claramente desigual: a Madrid se le condonarían 1.213 euros por habitante, frente a los 1.696 de media y los 2.107 de Cataluña. Además, en este caso, el ‘perdón’ a la comunidad, en términos de PIB, sería también el menor de todas las beneficiadas.

Con todo, la presidenta Ayuso ha reiterado en numerosas ocasiones que no se beneficiarán de la condonación de deuda y que llegarán donde haga falta, incluido el Constitucional, para frenar su aplicación.