Alcoa duda de que las ayudas del Gobierno salven la planta de Cervo

El presidente de la multinacional en España asegura que el estatuto electrointensivo podría ser "insuficiente" y pide con medidas adicionales con "urgencia"

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La cúpula de Alcoa exige más medidas para hacer viable su única planta en España: la de San Cibrao, en la localidad lucense de Cervo. El propio presidente de Alcoa España, Álvaro Dorado, ha asegurado esta mañana que el estatuto para la industria electrointensiva que prepara el Gobierno para aligerar la factura energética del sector podría resultar “insuficiente”.

«No quisiera alarmar, pero sí dejar claro la urgencia con la que requerimos medidas adicionales», ha explicado Dorado tras la visita institucional que realizó junto a lpresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, a las instalaciones de Alcoa en San Cibrao.

El presidente de Alcoa en España se ha referido a esta instalación como «una de las factorías más modernas de Europa en el sector del aluminio primario» y ha revelado que genera «en torno al 32% del PIB de la provincia de Lugo«, con un impacto económico «incuestionable», como ha calificado.

Los deberes de Feijóo: bajar la luz a 40 euros

Alberto Núñez Feijoo ha aprovechado la visita a la factoría para recordarle a Maroto los deberes que el Gobierno en funciones sigue sin hacer para salvar a la industria electrointensiva. Además de reivindicar la aprobación del estatuto electrointensivo porque “Galicia no está en funciones y los trabajadores tampoco”, el presidente de la Xunta ha marcado cuál es la horquilla de precios de la electricidad que hace viable la planta lucense.

«Es necesario volver a los costes eléctricos que había antes del año 2018, ese es el objetivo, si no lo conseguimos, seguirá habiendo tensiones», ha recalcado Feijóo antes de reconocer que “todo pasa por ver como bajamos el precio de la energía a una franja inferior a 40 euros o en el entorno de 40 euros”.

El estatuto, primera medida del Gobierno

Por su parte, Reyes Maroto ha asegurado que con el borrador del estatuto, el Gobierno creó «un marco estable de ayudas” que, «con el adelanto electoral» y la posterior «dificultad para configurar un gobierno», «lamentablemente no se ha podido aprobar».

Además de poner en valor «las dos subastas de interrumpibilidad», que han permitido «reducir la factura eléctrica de Alcoa», y el incremento de las subvenciones de costes de CO2, que se han «ampliado hasta el máximo que permite la Comisión Europea», Maroto ha prometido que la aprobación del estatuto para los consumidores electrointensivos será la primera medida que apruebe el Gobierno que salga de las urnas tras los comicios del 10 de noviembre.

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