Aluminios Cortizo y Renault Trucks llegan al Supremo por el cártel de camiones

Cortizo y Renault Trucks dilucidarán en el Tribunal Supremo su conflicto por el cártel de camiones, después de que en 2022 la compañía controlada por Volvo fuera condenada a indemnizar al grupo gallego con más de 100.000 euros. Las compensaciones fijadas por la Audiencia Provincial de A Coruña pretenden resarcir al grupo con sede en Padrón por la compra de 12 vehículos durante los años en los que estuvo el cártel en funcionamiento. Los tribunales interpretan que los intercambios de información provocan una alteración de mercado que influye, pues ese es su objetivo, en los precios finales al cliente. De esta manera, una vez probada la conducta ilícita, los compradores afectados tienen, por norma general, derecho a percibir una compensación sobre lo que pagaron por el producto, como sucede en el cártel de coches. En este caso el producto son camiones.

La Audiencia Provincial explicó en la sentencia de 2022 que «en el mercado en el que actuaron las cartelistas, el efecto combinado de la información sensible que compartieron y el de sus decisiones coordinadas sobre los incrementos de precios de lista es sin duda un aumento de los precios netos finales que pagaron los clientes, porque es lo que razonablemente cabe esperar de escenarios en los que se neutraliza o se relaja el incentivo de ganar cuota de mercado luchando con el competidor por el precio del producto».

Con este fundamento, Aluminios Cortizo consiguió casi 50.000 euros de indemnización en el Juzgado de lo Mercantil de A Coruña que, posteriormente, la Audiencia Provincial elevó a 101.000 euros, el doble. No deja de ser calderilla para Volvo, un grupo que ganó 1.361 millones en 2024, pero en un contexto de demandas masivas por su participación en el cártel, los fabricantes están litigando a fondo para rebajar todo lo posible las indemnizaciones. El caso de Cortizo no es una excepción, pues acaba de llegar al Tribunal Supremo. La Sala de lo Civil admitió el pasado 1 de octubre los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal contra la resolución de la Audiencia Provincial.

Renault, Volvo y los camiones de Cortizo

El cártel de camiones estuvo formado por MAN, Iveco, Volvo-Renault, Daimler y DAF, que fueron sancionados por la Comisión Europea en julio de 2016 con 2.930 millones. Un año después también fue sancionada Scania por participar en la concertación de precios. El cártel estuvo operativo durante 14 años, entre 1997 y 2011, y sus integrantes tenían una cuota de mercado del 90%, es decir, ensamblaban nueve de cada diez camiones de peso medio y pesado, en palabras de la entonces comisaria de Competencia, Margrethe Vestager.

Cortizo adquirió sus 12 camiones judicializados entre el año 2000 y el año 2010, ocho mediante una compra directa y otros cuatro mediante leasing financiero. En ese periodo echa a andar la alianza entre Renault y Volvo para conformar la segunda mayor compañía del sector, por detrás de Mercedes-Benz. La operación se instrumentalizó mediante la cesión por parte de la compañía francesa de su división de vehículos pesados (Renault Trucks) a Volvo, a cambio de una participación del 15% de la matriz del fabricante sueco. En aquel momento, Renault tenía la intención de destinar otros 500 millones a alcanzar el 20% de Volvo, aunque su andadura en el capital no duraría mucho, pues en 2012 se desprendió de sus últimas acciones en el grupo nórdico.

Las indemnizaciones de la Audiencia Provincial

La Audiencia Provincial dedicó la mayor parte de su resolución al cálculo de las indemnizaciones, confrontando los peritajes de las dos partes. Volvo se apoyó en un informe de KPMG, que los magistrados no tuvieron en consideración. «No podemos aceptar la conclusión de una desconexión total o casi irrelevante entre los precios finales o netos y los precios brutos, ni la inocuidad para el comprador final de una actuación concertada, clandestina y gravemente ilícita como la que durante más de una década mantuvieron los principales fabricantes de camiones pesados y semipesados del espacio económico europeo», decía la sentencia.

En cambio, entiende que el informe pericial de Cortizo consigue establecer una hipótesis razonable de que «la conducta ilícita protagonizada por la demandada y las demás cartelistas se ha traducido en un incremento de los precios que pagaron los demandantes por sus camiones; un sobreprecio significativo, mayor cuanto más próximo a la época central del cártel«. El fallo fijó indemnizaciones en función del año de compra de los vehículos, considerando un sobreprecio del del 9,84% para 2000, del 11,96% para 2002, del 13,99% para 2004, del 14,98% para 2005, del 14,46% para 2007, del 14,46% para 2008 y del 14,36% para 2010. Estas compensaciones quedan ahora pendientes del Tribunal Supremo.

Cortizo no es la única empresa gallega en litigio con el cártel de camiones, pues también Exlabesa, Rodonita, Coren o Greenalia acudieron a los tribunales para pedir indemnizaciones al cártel.