El estatuto eléctrico llega tarde: nueva ola de recortes en Galicia
Celsa sopesa activar un Erte en su planta de A Laracha, mientras que Ferroatlántica se descuelga de la condiciones de su convenio colectivo
A pesar de que el primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias terminó sin rastro del prometido Estatuto del consumidor electrointensivo, el Ejecutivo insiste en que el texto, que podría dar solución a la crisis que atraviesa la gran industria gallega por causa del precio de la energía, entra dentro de las “medidas urgentes a abordar”. No obstante, los recortes en empresas gallegas comiezan ya a activarse.
Sin embargo, no es la primera vez que se dice esto a respecto del futuro Decreto Ley. Reyes Maroto, la ministra que aseguró que una vez conformado Gobierno el texto se aprobaría en el primer Consejo de Ministros, también insistía hace un año en que la voluntad del Ejecutivo de Sánchez (en aquel momento presidente tras la moción de censura a Rajoy) era sacar adelante la norma antes de que acabase la legislatura, el 29 de abril.
A estas alturas, y si bien semeja que la aprobación del estatuto es inminente, el decreto podría no llegar a tiempo. Es lo que se argumenta desde distintas empresas gallegas afectadas por el precio de la energía. Sus plantillas claman para que el documento se apruebe cuanto antes, ya que podría paralizar unos recortes en marcha. Al margen del gigante Alcoa, los casos más acuciantes se encuentran en A Coruña y en A Laracha, en Ferroatlántica y en Celsa.
Celsa, al borde del Erte
Celsa, la siderúrgica que la familia catalana Rubiralta compró a Manuel Añón hace más de una década, está en un momento especialmente delicado. Tras quedarse a cero en la última subasta eléctrica de interrumpibilidad, fuentes de la plantilla indican a este medio que la empresa ha planteado (aún no de forma oficial) aplicar un Expediente de Regulación de Empleo Temporal (Erte) en la factoría de A Laracha durante este 2020. No obstante, y aunque esta posibilidad ya se ha planteado de manera informal, desde la plantilla esperan que la aprobación del estatuto eléctrico sirva para evitar que la amenaza se haga realidad.
Sobre la planta de Ferroatlántica en Sabón también planea la sombra de un Erte. No obstante, también aquí esperan que la llegada de nueva carga de trabajo ataje esta posibilidad, que ya es una realidad en la factoría que el grupo tiene en Boo (Cantabria). No obstante, los recortes ya se han activado: a nivel estatal el grupo no aplicará las subidas programadas para este año en el convenio colectivo. También en A Coruña, de forma particular, se negocia un posible descuelgue del convenio propio del centro.
Alcoa, al límite
Curiosamente, aunque Alcoa es la cara más visible en la comunidad de la crisis de la gran industria, la multinacional americana aún no ha hablado de forma oficial de la aplicación de medida alguna de recorte. Eso sí, las perspectivas no son buenas. Esta misma semana la compañía hacía públicas sus previsiones para 2020 en el complejo de San Cibrán. Esperan perder más de 80 millones de euros. Por primera vez las dos líneas de negocio (aluminio y alúmina) entrarán en pérdidas.
La compañía hizo públicas esta semana sus cifras correspondientes al ejercicio 2019 en las que alcanzó unas pérdidas récord de más de 1.000 millones de euros. Fue el ejercicio, por cierto, en el que vendió sus plantas de aluminio primario de A Coruña y Avilés al fondo Parter, así como puso fin a la actividad de una fábrica aluminera en Texas.
Aunque los trabajadores tienen la esperanza de que el estatuto pueda aprobarse este viernes en Consejo de Ministros extraordinario, saben que las fechas son muy justas. De momento, y si nada lo impide, las plantillas de la gran industria electrointensiva gallega acudirán el próximo día 22 (una jornada antes de la reunión en Lugo de la Mesa de Alcoa) a manifestarse a Madrid, ante el Ministerio de Transición Ecológica y el Congreso.
