El social-comunismo y su intervención de la vivienda en España

El Anteproyecto de Ley de Vivienda únicamente iba a crear inseguridad jurídica, incertidumbre y preocupación

Raquel Sánchez, ministra de Transportes

Raquel Sánchez, ministra de Transportes

Este martes 18, el Consejo de Ministros iba a aprobar una nueva ley de vivienda. Iba a nacer viciada, sin consenso, fracturando e interviniendo el libre mercado en España. El propio CGPJ asegura que es necesaria una “valoración empírica”, un periodo temporal de aplicación, y recalca que “echa en falta una justificación suficiente de la necesidad de las medidas de contención de precios del alquiler de viviendas, basada en un análisis empírico del resultado de dichas medidas”.

Y no únicamente eso, sino que el CGPJ tumba el informe consultivo al considerar que no es acorde con la atribución que la Constitución hace de esa materia a las comunidades autónomas.

El Anteproyecto de Ley de Vivienda únicamente iba a crear inseguridad jurídica, incertidumbre y preocupación, aumentando considerablemente el galimatías normativo, y provocaría una intervención de facto del libre mercado de la vivienda. Mi primera pregunta es: ¿Qué parámetros y mecanismos se utilizarán para declarar una zona tensionada en el mercado del alquiler? ¿Y qué soporte legal tendrán los índices de referencia de precios?

Para dar un encaje legal a la nueva ley de vivienda, habría que cambiar la ley del suelo estatal y autonómica

La vivienda no es un mercado persa por mucho que se empeñe el actual gobierno bipartito de tratarlo como tal. No se trata de colores políticos, ni de ideologías de ningún tipo o condición. Se trata de coherencia, sentido común y conocimiento de la problemática, -en cuanto a vivienda se refiere-de la España real.

Esta próxima ley invadirá claramente las competencias de Galicia y, a mayores, bajo mi criterio, es recurrible por su más que posible inconstitucionalidad. Su aplicación seria compleja y rocambolesca, ya que para darle un posible encaje legal se tendrían que modificar las leyes del suelo estatal y autonómica, de manera que se pudiera aplicar el recargo de hasta el 150% de IBI a viviendas vacías tal como propone el Ejecutivo. Y, por supuesto, también se tendría que modificar la ley de Haciendas locales.

En definitiva, nos quieren someter a un nuevo laberinto normativo que solo contribuye a aumentar la ya desmesurada inseguridad jurídica y la desproporcionada carga burocrática, con todos los efectos perniciosos que ello conlleva.

La normativa cuestiona incluso la propiedad privada, laminando un derecho recogido en el artículo 31 de la Constitución. Quiero dejar claro que la aplicación de la regulación de los alquileres quedaría en manos de las comunidades autónomas y el presunto recargo del IBI para viviendas vacías, en manos de los ayuntamientos. Así que habría que ver quien da ese paso que únicamente generaría una absoluta inseguridad e intranquilidad en la ciudadanía.

Si las comunidades rechazan declarar una zona tensionada, al no querer bajar los precios del alquiler por ley, el Gobierno las deja sin incentivos fiscales

El injustificable recargo del IBI a la vivienda desocupada crearía un enorme problema en una Galicia con más de 330.000 viviendas vacías. Tampoco queda en absoluto claro que los pequeños propietarios tengan incentivos fiscales para bajar los precios. Lo veremos y leeremos en la letra pequeña de la norma en su momento en el BOE.

No ha habido flexibilidad ante los cambios sociales. Los jóvenes y las familias con rentas bajas lo saben perfectamente. Hay que sacar todo el suelo urbanizable al mercado lo antes posible para abaratar los precios. Y hay que poner suelo y vivienda al alcance de todos, con una nueva ley que proporcione seguridad jurídica urbanística.

El dardo envenenado que incluye la futura ley de vivienda es que la Ley de Arrendamientos Urbanos y las bonificaciones fiscales ligadas a ella en el IRPF son materia estatal y, por tanto, para que los ciudadanos de una comunidad autónoma se puedan beneficiar de las desgravaciones de hasta un 90% previstas en este nuevo marco, cada comunidad autónoma deberá someterse al mismo.

El resultado es que aquellas comunidades que rechacen declarar una zona tensionada, por estar en contra de la idea de obligar a los grandes tenedores a bajar los precios, se encontrarán con que estarán impidiendo a los particulares y pequeños propietarios, que en Galicia son el 88%, poder acogerse a los incentivos fiscales previstos.

El ejecutivo social-comunista legisla a las bravas con tal de “vender” un espejismo a sus posibles votantes a consta de lo que sea. Esto me recuerda aquella conocida frase: “el fin justifica los medios”. Aunque yo pienso, desde mi idealismo liberal, que el fin nunca justifica ningún medio antinatura. El creador de esa frase fue Nicolás Maquiavelo. Queda todo dicho.

Benito Iglesias