Cronología del fracaso del 14-F: todos los bandazos del Govern

Con un ojo en las encuestas y otro en los datos de coronavirus, JxCat y ERC se pasaron tres meses peleando por la fecha de las elecciones catalanas antes de aplazarlas al 30 de mayo

El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès (c) habla con el diputado de ERC, Sergi Sabrià, en presencia de la consejera de presidencia, Meritxell Budó, y del líder del PSC, Miquel Iceta, el 13 de enero de 2021 en el Parlament | EFE/QG

El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès (c) habla con el diputado de ERC, Sergi Sabrià, en presencia de la consejera de presidencia, Meritxell Budó, y del líder del PSC, Miquel Iceta, el 13 de enero de 2021 en el Parlament | EFE/QG

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El 16 de octubre, hace tres meses, el presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, confirmó que las elecciones catalanas se celebrarían el 14 de febrero de 2021. Unas semanas antes, el Tribunal Supremo había finalmente inhabilitado a Quim Torra como president de la Generalitat y, al no presentarse ningún candidato a sustituirlo (porque así lo habían acordado ERC y JxCat), Torrent anunció que se iniciaría la cuenta atrás para la convocatoria automática de los comicios.

Los socios del Govern habían chocado por la fecha de las elecciones desde antes del entonces inminente cese de Torra. Dejándose llevar por el viento a favor de las encuestas, ERC estaba a favor de celebrarlas cuanto antes, mejor. El vicepresidente Pere Aragonès, que tras la salida de Torra asumió las funciones de presidente, incluso presionó a JxCat para que fuera el president quien convocara elecciones y no el Supremo. Los postconvergentes no lo veían de la misma forma.

Desde hace meses era evidente que JxCat quería alejar todo lo posible el escenario electoral. Habiéndose constituido oficialmente como partido (disgregado de la coalición del mismo nombre) hasta el pasado 4 de octubre, los de de Carles Puigdemont querían comprar tiempo a toda costa para ordenar la casa, formular sus listas y desgastar a sus compañeros de Govern, que estaban liderando las encuestas. Como principal fuerza del Ejecutivo, maniobraron para ello y lo lograron.

La decisión de Torra de no convocar él las elecciones (a pesar de quejarse de que un «tribunal español» marcara el calendario electoral de Cataluña) respondía precisamente a la necesidad de Puigdemont de que las urnas no llegaran de forma inmediata tras la inhabilitación. Querían repetir lo acontecido en 2017, cuando tras el 155 (y con la presidencia de la Generalitat vacante) JxCat le dio la vuelta a las encuestas y se situó por encima de ERC en las elecciones del 21-D de 2017.

En los tres meses que han transcurrido desde que Torrent confirmó la cita electoral mucho ha sucedido hasta llegar al aplazamiento anunciado este viernes, con un decreto que pone como nueva fecha de los comicios el 30 de mayo. Es cierto que la pandemia ha evolucionado mucho peor de lo previsto, pero desde luego las encuestas y los cálculos partidistas también han estado en el centro de la toma de decisiones desde el inicio de esta travesía.

Esta es la cronología de cómo fracasó el 14-F.

JxCat abrió la puerta al retraso a dos meses del 14-F

Fue el partido de Puigdemont el primero en poner en cuestión la convocatoria electoral, y lo hizo en tiempo récord. Había pasado apenas un mes desde que se confirmó que los comicios serían a mitades de febrero cuando la portavoz del Govern, Meritxell Budó, abrió la puerta al retraso. «Si no se puede garantizar el derecho a voto de todos, no sé si se podrán celebrar», dijo el 20 de noviembre la dirigente de JxCat, mientras la la segunda ola de Covid-19 seguía fuerte en Cataluña.

Postconvergentes y republicamos chocaron por las declaraciones de Budó. ERC transmitió que JxCat estaba haciendo eso porque «no le conviene hacer las elecciones», debido a que el partido estaba inmerso en su fase de constitución y ni siquiera tenía un candidato claro a la Generalitat. Curiosamente (¿o no?), Budó sugirió un aplazamiento electoral cuando en paralelo se publicaban dos encuestas que confirmaban a ERC como la opción preferida por los electores.

Un sondeo Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat, daba a los de Oriol Junqueras entre 36 y 37 escaños, por delante de los 28-30 que firmaba JxCat. El PSC quedaba en tercera posición, con 22-23 parlamentarios. Y otra encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) premiaba a ERC y PSC como primera y segunda fuerza, con una intención del voto del 23,2% y el 15,2%, mientras que según ese estudio solo un 8,1% votaría a JxCat.

Entonces, Cataluña estaba a punto de relajar las restricciones más duras impuestas desde que había acabado el primer estado de alarma. Todos los bares y restaurantes estaban cerrados, había toque de queda y la movilidad estaba restringida. En las dos últimas semanas de noviembre murieron por coronavirus más de 700 personas en Cataluña y se detectaron más de 20.000 contagios entre sus ciudadanos. El pánico por las Navidades estaba ya instalado en el debate.

El Síndic de Greuges entra en el debate

El 23 de noviembre, el Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo catalán) presentó en el Parlament de Cataluña un informe en el que planteaba un aplazamiento si no se daban «las condiciones para continuar con el proceso electoral», una decisión que a su juicio debía tomarse a más tardar el 15 de enero. Rafael Ribó también recomendó establecer varias jornadas de votación y que una comisión de expertos dictaminase si era propicio celebrar elecciones en plena pandemia.

El informe del Síndic desató un debate que llevó incluso a JxCat a pedir que no se especulara con un retraso electoral. «Hay que huir de cualquier especulación de si habrá o no elecciones el 14 de febrero», dijo Elsa Artadi, mientras que la portavoz de ERC, Marta Vilalta, aseguró que «el Govern las está trabajando y las está preparando». El PSC, por su parte, criticó que el Síndic «no haga su trabajo y se meta en tareas que no le corresponden».

Un día después de presentado ese informe, el consejero de Acción Exterior, Bernat Solé, responsable del dispositivo electoral, aseguró que no había criterios objetivos para generar duras sobre la fecha de las elecciones. El consejero afirmó que el Govern quería «escuchar la voz de todos» en una mesa de partidos para explorar consensos sobre este asunto.

JxCat tensa el debate y sufre otra encuesta negativa

El 4 de diciembre fue la primera reunión de la mesa de partidos para abordar los protocolos para celebrar las elecciones del 14-F. El Govern trasladó el mensaje de que trabajaba «de forma firme» para que los comicios fueran esa fecha. Pero horas antes del encuentro el consejero de Empresa, Ramon Tremosa (colocado por Torra poco antes de su cese) lanzaba un mensaje completamente diferente: «Si no podemos prever la Navidad, el 14 de febrero no sé qué pasará».

Tremosa lo supeditaba todo a la situación epidemiológica después de Navidad, pero había mucha preocupación porque los datos estaban empeorando rápidamente después de haberse relajado las restricciones en noviembre. Esa primera semana de diciembre la velocidad de transmisión del coronavirus (Rt) superó la frontera de 1 punto por primera vez en más de un mes, significando que cada infectado era capaz de transmitir el virus a más de una persona.

La Generalitat explicó a los partidos políticos el dispositivo del 14-F y todas las medidas que estaba poniendo en marcha para proteger a los votantes. Dos días después de esa reunión, el partido de Puigdemont se llevó otro golpe en una encuesta de Gesop para El Periódico que ratificaba la victoria de ERC con 35-36 escaños y daba a JxCat 30-31 diputados. Los socialistas catalanes seguían en la tercera casilla, con 27-28 parlamentarios.

El retraso coge fuerza

Durante unos días en diciembre no se habló tanto de las elecciones como de las restricciones que entrarían en vigor para las Navidades, mientras la curva de Covid-19 seguía creciendo en la comunidad después de relajarse las anteriores limitaciones. Pero en los despachos del Palau de la Generalitat la posibilidad de un retraso electoral nunca dejó de estar sobre la mesa, máxime cuando el 21 de diciembre Aragonès debía firmar el decreto de la convocatoria.

El 16 de diciembre, Aragonès se comprometió a trabajar «con toda nuestra fuerza y toda la capacidad de este gobierno y de los servicios sanitarios de este país para no llegar al caso de que, desgraciadamente, haya que posponer las elecciones». Por esas fechas, fuentes parlamentarias transmitieron preocupación ante esta posibilidad, señalando que era cada vez más real. El 18 de diciembre, la mesa de partidos acordó poner como fecha límite para tomar la decisión el 15 de enero de 2021.

Ese mismo día se publicó otra encuesta del CEO que sugería un debilitamiento de ERC frente a una subida de JxCat, que le empezaba a pisar los talones. Los republicanos tendrían 35 escaños y los postconvergentes entre 30 y 32, mientras que el PSC se mantenía como tercera fuerza con 25 representantes. Tres escaños de diferencia entre los socios y rivales del Govern, que daban a los de Puigdemont la ilusión de repetir la remontada el sorpasso a Junqueras del 21-D de 2017.

Poco después, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en un barómetro publicado el 21 de diciembre, ponía al PSC como segunda fuerza por encima de JxCat, siempre con ERC a la cabeza. Dos días después, JxCat anunciaba como cabeza de lista «simbólico» a Puigdemont, que hasta entonces había prometido no ir en las listas debido a la imposibilidad de asumir el cargo.

Las sospechas de ERC y el anuncio de Illa

La última semana de 2020 la pandemia seguía disparada en Cataluña y en toda España. Y ERC ya empezaba a sospechar que JxCat usaría el pretexto de la Covid-19 para ganar tiempo y forzar el retraso electoral. «JxCat apretó con la idea de aplazar las elecciones y ahora han frenado, pero la verdad es que parece una tregua-trampa. Estamos casi convencidos de que van a volver con el tema después de Reyes», dijeron entonces fuentes republicanas a este periódico.

Pero la posición de rechazo al aplazamiento de ERC estaba a punto de transformarse, pues el 30 de diciembre el PSC sorprendió anunciando como candidato al ministro de Sanidad, Salvador Illa, uno de los políticos mejor valorados de Cataluña, a pesar de ser el responsable de la gestión de la pandemia. El cambio de marcha de los socialistas catalanes fue una apuesta sin duda hecha con el afán de atizar las encuestas, lo que potencialmente afectaría más a ERC que a JxCat.

Y así sucedió, en parte. El 9 de enero, una encuesta de El Periódico situaba al PSC como victorioso en las elecciones, con un 24,1% de los votos, dejando a ERC de segundo con el 20,9% de los sufragios y a JxCat de tercero con el 19%. Con ese sondeo peligraba la mayoría del independentismo. Pero un día después, una encuesta de La Vanguardia señaló que ERC lideraba la estimación de votos y podría obtener entre 37 y 39 escaños, frente a los 29-30 que lograría el PSC y los 31 de JxCat.

Y fue a la luz de esas dos encuestas que se llegó a la semana de debate sobre el aplazamiento electoral, que empezó a sonar con más fuerza cuando la Generalitat advirtió de que esperaba un pico de ingresos hospitalarios por Covid-19 justo en la víspera de los comicios. El PSC, inspirado en las encuestas, acusó a ERC de querer retrasar la cita por miedo al «efecto Illa», pero se quedó solo en su rechazo, puesto que cada vez más partidos se sumaron a la decisión de aplazarlas.

Los socialistas catalanes fueron los últimos en aceptar la prórroga, aunque querían que fuera de un mes. Todos los partidos aceptaron aplazar las elecciones este 15 de enero, fecha límite para tomar una decisión, y casi todos (salvo el PSC) dieron luz verde a la fecha propuesta por el Govern: el 30 de mayo. Y así, la Generalitat de los bandazos, los recelos y las peleas consiguió lo que JxCat llevaba meses intuyendo y lo que ERC acabó aceptando.

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