Así actuaba y así ha caído la trama del jamón podrido
Lo que en un inicio eran irregularidades en el etiquetado de un jamón ibérico escaló hasta convertirse en una investigación a una trama de carne podrida
El jueves 11 de enero de 2018, la industria del jamón de bellota se conmocionó a la luz de una información exclusiva de Economía Digital, que empezaba así: «El mayor vendedor de jamón ibérico en España está siendo investigado por la Guardia Civil por un presunto fraude alimentario y por irregularidades en el etiquetado del producto».
Y es que ese mismo día el sector del jamón ibérico estaba reunido en Madrid en la sede del Ministerio de Agricultura, y la noticia les cogió por sorpresa. «Es la noticia de mayor impacto en el sector de los últimos años porque por primera vez se confirma una investigación de impacto en nuestro sector», dijo uno de los representantes de la industria que participó en el encuentro, que –da la casualidad– versaba sobre los controles de calidad y el control y el seguimiento de los productos ibéricos. No podía ser más urgente la reunión.
Lo que sucedería en los próximos meses, con consecuencias que se extienden hasta la actualidad, nadie lo imaginaba entonces. La primera empresa señalada fue Comapa, líder del sector y principal proveedor de Carrefour que protagonizó una investigación por unos precios del jamón de bellota que no tenían igual y que estaban muy por debajo de los de otros productos. Por ejemplo, una pieza de siete kilos se vendía en la cadena de supermercados por 195 euros, cuando su precio no podía de ninguna manera ser inferior a los 300 euros.
Líderes y expertos de la industria salieron rápidamente a opinar: para vender jamones ibéricos a tan bajo precio había que cometer fraude o incurrir en pérdidas. Simple y sencillamente no era factible. «Es imposible que un jamón ibérico de bellota tenga un de precio de venta al público de 195 euros», aseguraba una cortadora de jamón consultada por este medio. La cosa no pintaba nada bien. Las dudas y las críticas iban y venían, y tampoco las especulaciones se hicieron esperar, mientras se esperaba información de la investigación.
El periodista David Placer lideró la sonda sobre el jamón ibérico en una serie de publicaciones en este digital. A mitad de enero consiguió que Comapa admitiese, por ejemplo, que congelaba las piezas de carne, sin advertir de ello a los consumidores en el etiquetado del producto, como exige la normativa europea. Ya para el inicio de febrero, Carrefour volvía a bajar el precio del ibérico, en lo que después se descubrió que era un movimiento para liquidar el producto, que en la recta final del mes había desaparecido de sus estanterías.
Carne mordida por ratones en una inspección en Extremadura
Aún sin un sumario al que acudir para intentar aclarar la trama, los secretos se empezaron a ventilar. Un empresario que fabricaba los precintos para certificar al ibérico destapó, por ejemplo, cómo los productores y distribuidores intentaban comprarlos ilegalmente para vender las piezas. La Guardia Civil después desveló que un distribuidor vendía jamones con etiquetas falsificadas de la denominación de origen de Los Pedroches, y ya para este punto las sospechas sobre todo el sector eran inexorables. Faltaba tanto por saber.
El fraude del ibérico se convierte en la trama del jamón podrido
La primera señal de que el asunto iba a más la envió la Guardia Civil el 7 de mayo de 2018. Los investigadores, que llevaban varios meses con pesquisas que solían demorar en torno a un mes, advirtieron de que la causa estaba alcanzando dimensiones nunca vistas. Era menester ampliar las inspecciones y dar forma a un mapa del fraude del jamón ibérico en España. Unas semanas después, la propia Guardia Civil descorchó otro melón: paralelamente, había descubierto una trama de venta de jamones caducados, que estaba conectada.
Una red de 30 empresas con epicentro en Badajoz almacenó jamones en mal estado o hasta podridos que debían recogerse de los supermercados para su destrucción pero que estos empresarios decidieron reenvasar y reetiquetar como productos nuevos para venderlos al público. La investigación se volcó con el escándalo, informaron las autoridades a mitad de junio. Comapa no fue inicialmente imputada por el asunto, pero sus jamones estaban entre los hallados en las naves inspeccionadas en Extremadura y Valencia.
La ahora trama del jamón podrido involucraba a empresas como Cash La Temporada, Pescados Sarymar, Porkytrans y Valle de los Valfríos, que este verano de 2019 se declaró en quiebra, tras la investigación. Por cierto, Comapa actualmente está en preconcurso de acreedores. Las dos son señaladas como las principales piezas de un frande que no acaba de aclararse, y las dos han caído en tiempo récord. Rebobinando un año, hasta finales de junio de 2018, un sumario de la investigación finalmente confirmó hasta las peores sospechas.
La investigación judicial recogía que la red empresarial tenía hasta casi un millón de kilos de productos caducados en naves, donde la carne podrida era almacenada en condiciones sanitarias deplorables. Los inspectores sanitarios encontraron jamones y carnes curadas comidas por ratones o con gusanos bajo de los palés de carne. Unas semanas después, ya en julio, se supo que Porkytrans, una de las empresas investigadas, tenía productos caducados desde 2013, un lustro antes de los hechos.
Una loncha de jamón llena de gusanos en el suelo de una nave industrial clausurada en Extremadura
Ya para este momento el caso había escalado hasta convertirse en la mayor investigación de delito alimentario jamás conocida en España. Y, con ello, empezaron a surgir más detalles, como que, por ejemplo, todo empezó en noviembre de 2016, cuando un consumidor que había comprado una pata de jamón de 7 kilos en Carrefour de la marca Sierra Alpujarra, de Comapa, encontró gusanos en el producto y exigió a la cadena de supermercados una explicación que nunca llegó. Su testimonio ayudó a destapar el fraude.
Las naves de los horrores
Para entender cómo actuaba la trama del jamón podrido, este medio contactó con empleados de estas empresas que explicaron que los empresarios mantenían una red que captaba jamón y carne que debían ser enviadas a las incineradoras. Pero, en cambio, los adecentaban, retiraban las partes dañadas y los volvían a etiquetar con fechas de caducidad falsas. A las naves en las que esto sucedía se les bautizó como «las naves de los horrores», un apodo ratificado por los propios inspectores de Sanidad que no podían creer lo que veían cada vez que profundizaban más en la investigación.
«Compramos los jamones muy baratos. 1,9 euros el kilo. Por lo general son piezas de 7 o 7,5 kilos y las vendemos a 2,9 euros el kilo», explicó un trabajador. Fuentes cercanas a las empresas investigadas afirmaron que la trama llevaba operando, al menos, dos años, y que había crecido en toda España. «Recibimos muchas devoluciones cuando los clientes se dan cuenta de que el jamón es malo. Pero aquí nada se tira. Se intenta dar el producto a otros clientes o a las empresas asociadas«, añadió el trabajador.
Surgieron también más confidencias de Comapa, la primera empresa investigada, cuando el caso era solo sobre el etiquetado falso de jamones de bellota muy baratos. En todas las inspecciones del caso se encontraron jamones de la empresa, que maneja más de 80 marcas de jamones y que había disparado su facturación con la trama. Poco después se supo que el fabricante se volvió a convertir en proveedor de Carrefour, pero con una marca distinta a la investigada.
El 9 de agosto, la Guardia Civil entró en la sede de Comapa para realizar una inspección sorpresa. También se supo durante esas semanas de mitad de año que otra de las empresas implicadas, Valle de los Valfríos, el eje central de la trama, había comprado un negocio de jamones de lujo que había creado Miguel Bosé. El caso se hizo tan grande que en algún momento la Guardia Civil cifró en un millón de kilos el jamón podrido incautados hasta ese momento para la investigación, y se ordenó destruir 500 toneladas.
Una partida de embutidos decomisada en las naves de la trama del jamón podrido
A finales de octubre de 2018, ya había 50 detenidos e imputados. En noviembre ya eran un centenar los interrogados. Existía la sensación de que cada vez que se enfocaban en la investigación, encontraban más empresarios sospechosos. En enero caía la primera empresa de la trama: Jamones Nicolau, que entró en liquidación tras las investigaciones por delitos contra la salud pública. A inicios de 2019 también trascendieron algunas de las declraciones de funcionarios de Sanidad ante la juez: «Había jamones y ratas muertas», afirmó uno.
«Los productos cárnicos estaban en mal estado visiblemente. Los envasados al vacío estaban abombados, crecimiento de clostridium. Tuvimos que estar con cuidado para que no reventaran esas bolsas por nuestra seguridad. Junto a los jamones había moho, excremento de ratas, cadáveres de ratas. Era dantesco. Nosotros, como personal sanitario, no estamos acostumbrados a ver esto. Los agentes del Seprona (de la Guardia Civil) no lo podían creer”, explicó Miguel Batalla, un inspector de Salud Pública de Extremadura que visitó las naves donde se almacenaban los jamones investigados.
