El PP se lanza a la ofensiva económica tras la crisis del Gobierno con los autónomos
Los populares han registrado una batería de propuestas en el Congreso y el Senado para apretar al Gobierno y tratar de desmontar los buenos datos económicos
El presidente del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo, interviene durante la inauguración del XXVIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar. Tomás Alonso / Europa Press
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El Partido Popular ha reactivado su discurso económico para apretar al Gobierno de Pedro Sánchez, justo cuando la crisis de los autónomos ha hecho que el Ejecutivo dé marcha atrás con su propuesta de subir las cuotas de cotización a la Seguridad Social, que ha concitado un rechazo solo similar al que desató Hacienda a principios de este año cuando se negó a actualizar el mínimo exento en el IRPF con el salario mínimo interprofesional (SMI).
Los de Alberto Núñez Feijóo cuentan desde la vuelta del verano con dos referentes económicos. Uno, el nuevo vicesecretario de Economía, Alberto Nadal, que lidera las políticas ‘macro’ y energéticas; y Juan Bravo, que dirige una Vicesecretaría más sectorial, enfocada a Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, además de ser el referente económico en el Congreso, ya que Nadal no dispone de acta de diputado.
El giro de guion lo ha confirmado el propio presidente del partido, que ya la pasada semana dedicó gran parte de su ‘cara a cara’ con Sánchez a la propuesta de cuotas de los autónomos, lo subrayó durante un acto de partido este fin de semana, y concluyó este lunes con su intervención en el Congreso del Instituto de la Empresa Familiar.
«El dinero público es la recaudación del dinero privado que pagan ciudadanos y empresas, y cuando ese esfuerzo no se traduce en mayor calidad de vida lo que crece es la frustración (…). El 90% de los españoles ha perdido poder adquisitivo, llevamos tres años sin que el Gobierno presente Presupuestos, y no pasa nada», reprochó el líder de la oposición en su discurso ante la plana mayor de las empresas familiares.
Tras los autónomos, la vivienda
El Gobierno se ve fuerte en este campo, con España siendo líder en crecimiento en el euro y las economías avanzadas, y de hecho se vanaglorian de que el PP apenas pregunta al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sobre esta materia por los buenos datos macro.
Sin embargo, y con la polémica de las cuotas, el PP ha decidido poner el foco en aquellos datos donde no funciona tan bien la economía, como el endeudamiento, la renta per cápita, o la situación del mercado de la vivienda, la primera preocupación de los españoles.
La ofensiva parlamentaria comienza este martes, con varias sesiones de comisiones en el Congreso por la mañana y con los Plenos en ambas Cámaras que arrancan por la tarde.
El PP ha forzado a que la presidenta de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, María Luisa Araújo Chamorro, dé explicaciones sobre los contratos que la Administración General del Estado haya firmado con la teleco china Huawei entre 2020 y 2025, después de la polémica por el uso de equipos de esta tecnológica para recoger escuchas telefónicas de las Fuerzas de Seguridad del Estado y por el que Estados Unidos se planteó dejar de intercambiar información sensible con España.
En materia de Vivienda, los populares llevarán a la comisión de la cámara baja tres proposiciones no de ley (PNL) a debate, que no tienen validez legislativa más allá de instar al Gobierno a adoptar medidas en esa dirección.
Por un lado, piden que el Gobierno desbloquee el suelo disponible con una reforma de la Ley del Suelo que lleva bloqueada más de un año y que el propio PP rechazó acometer. Además, reclaman «incentivos urbanísticos» para aumentar la edificabilidad, mecanismo extraordinarios de desbloqueo de suelo en municipios con alta demanda residencial, una simplificación administrativa de la burocracia urbanística y «poner en valor el suelo público infrautilizado» para destinarlo a vivienda asequible y social.
En otra, exigen al Ejecutivo «reorientar por completo su política en materia de vivienda», derogando las «leyes intervencionistas que están provocando un aumento de los precios de la vivienda tanto en alquiler como en compraventa, impidiendo a los jóvenes acceder al mercado de la vivienda y favoreciendo la ocupación y la inquiocupación». La tercera exige la comparecencia trimestral de la ministra del ramo, Isabel Rodríguez.
Ya en el Pleno del Senado, donde los populares tienen la mayoría absoluta, el PP ha registrado una pregunta a Cuerpo sobre la transparencia en la gestión de los fondos europeos y una interpelación, que debería haber tenido lugar la semana pasada pero que se pospuso por la participación del ministro en las reuniones del FMI en Washington, acerca de los efectos de ir hacia el tercer año sin Presupuestos actualizados.
El miércoles, en la Comisión de Economía del Congreso, los populares han registrado varias PNL. La primera en relación con la incertidumbre provocada por la implantación del nuevo sistema Verifactu y de la factura electrónica, exigiendo una publicación inmediata de las especificaciones técnicas, un régimen transitorio y ayudas para asesorías, gestorías y otros despachos a través del Kit Digital.
Además, y con el objetivo de impulsar la productividad, el PP ha registrado otra proposición para reducir la complejidad burocrática como vía para aumentar la productividad, con el silencio administrativo positivo en la mayoría de trámites y fomentando la digitalización e interoperabilidad de sistemas para agilizar cualquier trámite.
En la tercera, formalmente sobre medidas para recuperar la inversión extranjera en España, el PP se lanza a criticar el «sectarismo ideológico y el intervencionismo empresarial» del Gobierno. «¿Quién va a arriesgar su dinero en un país en el que el gobierno interviene empresas privadas —Indra, Telefónica, Prisa, Talgo…— incluso contra el criterio de los reguladores nacionales y europeos —OPA de BBVA sobre Sabadell—?», se preguntan en la exposición de motivos.
Ahí vuelven a incidir en la necesidad de devolver a la iniciativa privada el protagonismo económico y «superar la parálisis legislativa» con la presentación de unos Presupuestos para 2026, «como requisito necesario para dar certidumbre a los inversores nacionales y extranjeros».
