Alcoa: la Justicia abre la puerta a la reversión de la venta de Alu Ibérica

El auto que determina la intervención judicial de las plantas de A Coruña y Avilés indica que se incumplieron “de forma meridiana” los acuerdos alcanzados con Alcoa, a lo que los sindicatos se agarran para exigir la reversión de todos los acuerdos y allanar el camino a la SEPI

Imagen de archivo de protestas en Alu Ibérica

Imagen de archivo de protestas en Alu Ibérica

En mitad de las negociaciones para la venta de la planta de Alcoa San Cibrao en A Mariña lucense, un auto del juzgado central de instrucción número 3 de Madrid da un giro radical a la situación de las antiguas factorías del grupo americano en A Coruña y Avilés. En el marco de la investigación de la Audiencia Nacional sobre la posible despatrimonialización fraudulenta de ambos activos, la justicia ha decretado la intervención de las sociedades Iberian Green Aluminium Company, Alu Holding Spain, Alu Holding AVL, Alu Ibérica AC y Alu Ibérica AVL. En resumen, las dos alumineras, de las que dependen más de 700 trabajadores, pasarán a estar controlados por unos administradores judiciales (funcionarios del Estado interventores) por un periodo mínimo de seis meses. El auto emitido este martes no solo cumple con las expectativas de los sindicatos sino que, además, abre distintas vías para facilitar movimientos políticos, al margen de los judiciales. La plantilla cree que, ahora, es posible revertir los procesos de venta.

El auto del juzgado madrileño acredita en sus razonamientos jurídicos que la venta de las plantas de A Coruña y Avilés por parte de Parter a Grupo Industrial Riesgo incumple de “forma meridiana los acuerdos alcanzados con la propietaria inicial”, Alcoa, “en perjuicio, pues, de las posibilidades de financiación de la actividad, en principio sujeta al cumplimiento de los mismos”. Para los sindicatos, esta afirmación abre la puerta a una posible reversión de los procesos de venta de las alumineras, lo que allanaría el camino para la pretensión que llevan tiempo demandando y que, en Galicia y Asturias, ha sido apoyada por todos los grupos políticos: la intervención de las plantas por parte de la SEPI hasta encontrar un inversor estable y de futuro.

Intervención justificada

El auto conocido este martes es demoledor de cara a los intereses de los actuales propietarios de la planta, Riesgo, y el fondo suizo al que Alcoa adjudicó ambas factorías a mediados de 2019. El juzgado justifica que la intervención de ambas factorías es la medida “más adecuada y proporcionada en este momento procesal, por cuando de lo hasta aquí señalado se evidencia la indudable necesidad de adoptar las cautelas precisas para evitar que durante la sustanciación del presente procedimiento, las entidades querelladas puedan realizar operaciones que incidan en la, hasta el momento, indiciaria actuación de descapitalización y despatrimonialización de las empresas y los centros de producción de A Coruña y Avilés”.

Indica la jueza María Tardón que la medida de la intervención judicial se toma al no revestir perjuicios para empresa y trabajadores. De hecho, asegura que “puede resultar eficaz para contribuir a garantizar la sostenibilidad y viabilidad de la empresa, al no interrumpir la continuidad de su actividad empresarial”.

«Verosimilitud» de la querella

Para entender la situación en la que está Alu Ibérica hay que remontarse al año 2019. Alcoa vendió las dos plantas al fondo suizo Parter por un euro. Además, se comprometió a aportar en los dos siguientes años una cantidad superior a los 90 millones de euros para garantizar inversiones en ambas industrias que garantizasen su continuidad y el mantenimiento de los puestos de trabajo. El comprador, por su parte, estaba obligado a realizar dichas inversiones de futuro. Ya hace semanas que la propia Xunta de Galicia demandó al Estado que pusiese en marcha una auditoría que analizase si, efectivamente, los acuerdos de compraventa –que en su momento fueron avalados por el Gobierno, que se comprometió a fiscalizarlos– se habían cumplido.

El auto de la jueza Tardón explica que “a tenor del contenido de las primeras investigaciones realizadas respecto a la querella presentada por la Confederación de Cuadros Profesionales se ha podido constatar la verosimilitud de los hechos recogidos en la querella, que refieren la existencia de diversas irregularidades en la venta de los centros de producción de aluminio de A Coruña y Avilés, incumpliendo los acuerdos alcanzados con la propietaria inicial y con la propia representación de los trabajadores”.

El origen de la despatrimonialización

El documento expone que en 2019, Alcoa acordó la venta del 100% del capital social de ambas factorías a dos mercantiles que dependían de la sociedad de Parter Blue Motion Technologies. Sin embargo, a los pocos meses, esta vendió cerca del 75% de la compañía a la sociedad española System Capital Management, “de la que no consta que acumule experiencia alguna en el sector productivo del aluminio”. La venta se realizó por un precio muy superior al euro que aportó a los de Roy Harvey. Parter pagó a Alcoa un dólar por ambas plantas, pero vendió el 75% de la sociedad que las sostenía a grupo Riesgo por 13 millones de euros.

Pero, según la investigación realizada que se menciona en el auto, System Capital, la sociedad del grupo Riesgo, acometió ese pago mediante un préstamo concedido por las propias plantas de A Coruña y Avilés. “El importe fue satisfecho por la compradora con fondos procedentes de los préstamos que los propios centros de producción le concedieron a instancias de la sociedad suiza que, como administradora única, otorgó a la compradora con carácter previo a la venta”, reza el auto, que explica que sería en esta operación en la que se “evidenciaría la descapitalización” de las antiguas sociedades Alcoa Inespal Avilés y Alcoa Inespal Coruña, algo que, además, habría contribuido a la “imposibilidad de reflotar” ambas plantas y al “consiguiente perjuicio a acreedores y trabajadores”.

“System Capital Management habría servido de canal para detraer capitales de las plantas de producción, en lo que en este momento de la instrucción, no puede sino valorarse como un acto de vaciamiento patrimonial de los mismos”, explica, para reiterar que la enajenación de los activos por parte de Parter a Riesgo, tan solo siete meses después de la venta, “incumple de forma meridiana los acuerdos alcanzados con Alcoa, en perjuicio de las posibilidades de financiación de la actividad, en principio sujeta al cumplimiento de los mismos”.

¿Se abren nuevas vías?

Así, con un escenario que, al menos de momento, pinta negro para Riesgo, los sindicatos creen que se abre nuevas vías de actuación. Este martes, tanto desde A Coruña como desde Avilés, los comités de empresa solicitaron un paso adelante del Gobierno que culmine con la intervención de las factorías por parte de la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. “Al estar la fábrica tutelada, tarde o temprano, se conocerá la situación financiera de la compañía”, apostaban los trabajadores asturianos.

En A Coruña, los representantes del comité de empresa, en la misma línea, reclamaban este martes que la SEPI se personase “para hacerse con la gestión de las plantas” e, incluso, llegaron a demandar la intervención de la sociedad estatal de Alcoa, a la que ven “como la gran responsable” de lo ocurrido. “Lo lógico es exigir que se reviertan todas las decisiones tomadas por quienes ocuparon las plantas de forma ilegal, vulnerando los acuerdos firmados”, insisten.

¿Es posible la reversión?

Fue el Gobierno asturiano, presidido por el socialista Adrián Barbón, el que el pasado abril habló directamente de la necesidad de que Alcoa revirtiese los procesos de venta para facilitar una salida para las factorías. Del mismo modo que desde la Xunta, el Ejecutivo asturiano insiste en la necesidad de una “intervención pública” para garantizar el futuro a corto plazo de las alumineras. Para eso, sostienen que es fundamental que Alcoa “intervenga inmediatamente para revertir la cesión a Riesgo de las plantas”.

Y es que hay que recordar que, al margen de la investigación de la Audiencia Nacional, Alcoa también denunció a Parter por la venta de acciones de las plantas coruñesa y avilesina. Fuentes de la multinacional manifestaban este martes su “respeto” por las decisiones judiciales y avanzaban su intención de “cooperar con las autoridades”. Eso sí, como en otras ocasiones, recordaban que la venta a Parter “fue avalada por el Gobierno español y apoyada por la representación de los trabajadores”.

Una plantilla que, ahora, necesita un paso más para asegurar la salvación de sus fábricas.