Fernando Romero contraataca y denuncia a la CNMV tras las multas millonarias por manipular acciones de EiDF

La defensa del fundador de la compañía de renovables indica también que ya había recurrido la última sanción de un millón de euros que le impuso el regulador bursátil y fue anunciada en el BOE esta semana

El fundador de EiDF Solar, Fernando Romero, en una imagen de archivo

Fernando Romero, en una imagen de archivo

Fernando Romero, el fundador de EiDF, va a más en su pulso con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Navas & Cusí, el despacho de abogados que lo representa, informó este martes que ha recurrido la última sanción anunciada esta semana por el regulador bursátil, de un millón de euros, pero además, anuncia que ha denunciado al supervisor de las compañías cotizadas por los “gravísimos daños” que a su juicio le causó la exclusión de la cotización en bolsa de la compañía de la que fue presidente.

Este lunes, la CNMV anunció la imposición de una nueva multa a Romero de un millón de euros por la realización de prácticas constitutivas de manipulación de mercado, unos hechos que se habrían llevado a cabo, a juicio del supervisor bursátil, sobre las acciones de la compañía de renovables en el primer trimestre de 2022.

Esta sanción se suma a la que ya le fue impuesta el pasado ahosto, en este caso de dos millones de euros y también por manipulación de mercado pero, en este caso, por una operativa que se habría llevado a cabo en el cuarto trimestre de 2022.

Recurso judicial

Ambas multas, en todo caso, eran susceptibles de revisión judicial por parte de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. En agosto, la representación legal de Romero ya anunció el recurso de la primera multa. Ahora, el despacho indica que la nueva sanción ya se le había comunicado y ya había sido, también, recurrida antes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este lunes, motivo por el que argumentan que no se puede entender como firme y no debería haber sido publicitada.

“Entendemos que la sanción no se ajusta a derecho y por eso la hemos recurrido en vía jurisdiccional. Confiamos que los tribunales resuelvan este asunto con todas las garantías procesales, incluyendo la presunción de inocencia y que valorarán adecuadamente si estas sanciones -que son las más altas de la historia de la CNMV- obedecen o no a un criterio de prudencia y proporcionalidad que debe regir la CNMV”, señala Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí y abogado de Fernando Romero.

Exclusión de cotización

Pero más allá de este segundo recurso, que era esperable por haberlo hecho con anterioridad, la defensa de Fernando Romero informa que ha optado por denunciar a la CNMV por los “gravísimos daños” que causó la exclusión de cotización de EiDF. En concreto, y tras un espectacular crecimiento en el BME Growth en donde cotizaba y en el que llegó a revalorizarse más de un 2.000%, en abril de 2023 la CNMV decretó la suspensión de cotización ante la imposibilidad de presentar sus cuentas anuales en forma y plazo ante la negativa de su nuevo auditor (PwC) a firmarlas. Las acciones de EiDF permanecieron instaladas durante más de cuatro meses en los 29,76 euros hasta que el 28 de agosto de ese mismo año volvieron a cotizar en medio de un desplome del 70%.

La CNMV decretó el levantamiento de la suspensión de cotización después de que EiDF presentase, esta vez sí, sus cuentas anuales con un informe de salvedades por parte de PwC, así como parte del forensic encargado a Deloitte para investigar posibles irregularidades en sus cuentas.

Expediente de exclusión

Los abogados de Romero argumentan ahora que la CNMV no atiende sus reclamaciones de información. “Hace más de un año solicitamos a la CNMV el expediente de exclusión de EiDF para reclamar daños; nos lo negaron apelando a la confidencialidad; ¡le niegan a un accionista la justificación de una decisión que le ha hecho un importantísimo daño!”, lamenta Navas, quien señala que tras la negativa recurrieron al Ministerio de Economía, que tampoco contestó. 

“Tras la indefensión del silencio administrativo hemos recurrido a la justicia contencioso-administrativa; y ahora sí, al juez tendrán que darle la documentación requerida”, apunta el letrado. Y añade: “Esperamos que los tribunales de justicia depuren responsabilidades ante esta indefensión y ante una exclusión que consideramos arbitraria y que ha producido un enorme daño”.

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