La patronal de Exlabesa, Cortizo y Extrugasa clama en Bruselas contra el ‘arancel climático’
El presidente de la AEA y director general corporativo de Exlabesa, Felipe Quintá, ha mantenido una reunión con cerca de 60 eurodiputados y asesores en Bruselas y ha alertado del impacto "desproporcionado" del mecanismo de ajuste de carbono en la frontera (CBAM)
A la izqda. Felipe Quintá, presidente de la Asociación Española del Aluminio, (AEA) y director general corporativo de Exlabesa; en el centro la eurodiputada Susana Solís (PPE); y a la derecha, el eurodiputado Francisco Millán Mon (PPE) / AEA
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La Asociación Española del Aluminio y Tratamientos de Superficie (AEA) visibiliza en Bruselas su oposición del denominado arancel climático. La entidad que representa a más de 650 empresas del sector, entre las cuales se encuentran las gallegas Exlabesa, Cortizo o Extrugasa, ha advertido este miércoles en el Parlamento Europeo del impacto «desproporcionado» del mecanismo de ajuste de carbono en la frontera (CBAM).
El presidente de la AEA, el también director general corporativo de Exlabesa (Felipe Quintá), ha mantenido un encuentro en el Parlamento Europeo que ha sido inaugurado por la eurodiputada popular, Susana Solís Pérez. En él se han dado cita cerca de 60 eurodiputados, asesores de comisiones parlamentarias y representantes de asociaciones industriales europeas.
En su intervención, Solís ha subrayado que «el diseño actual del CBAM no encaja con la realidad del aluminio» y que «no existe una solución única para todos los sectores». Por contra, ha apostado por «reconocer las especificidades de esta industria y ajustar el instrumento para proteger la competitividad y los puestos de trabajo sin renunciar a los objetivos climáticos».
En este sentido, desde la Asociación alertan de que los aranceles climáticos pueden tener «un impacto regulatorio «desproporcionado al imponer costes adicionales que no distinguen la trazabilidad ni el contenido reciclado del material».
Además, subrayan que se trata de «un diseño fiscal sin incentivos industriales» que, según AEA, «penaliza a los más sostenibles en lugar de impulsar inversiones verdes», así como «un riesgo de sobrecoste estructural» que estiman que puede alcanzar los 11.000 millones de euros anuales en el conjunto de las industrias transformadoras europeas.
