Las tres crisis de Cardama: veto en Uruguay, guerra en su accionariado con García Costas y problemas de liquidez
El astillero vigués, que sufre la rescisión de su macrocontrato en Uruguay, reestructuró su deuda con el Santander y ató un préstamo de un millón de euros del Igape en medio de la negativa de José García Costas a firmar sus cuentas de 2024
Vista exterior del astillero vigués Francisco Cardama SA / Europa Press
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Varapalo para Cardama. El Gobierno de Uruguay ha anunciado que rescindirá el contrato firmado en 2023 con el astillero español vigués para la construcción de dos buques de patrulla oceánica tras aflorar unas presuntas irregularidades en las garantías del acuerdo.
El presidente del país sudamericano, Yamandú Orsi, alertó en una rueda de prensa de la existencia de indicios de «una estafa o un fraude al Estado uruguayo». Es por ello que ha ordenado el inicio de acciones judiciales civiles y penales y la resolución de este macrocontrato valorado en unos 82 millones de euros.
La noticia asesta un nuevo golpe a la empresa olívica, que se encuentra inmersa en «tensiones de liquidez» y en medio de una crisis en su accionariado. Y es que la compañía revela en su memoria anual del año pasado que José García Costas (expresidente de la Cámara de Comercio de Vigo y propietario de un 39,6% del astillero a través de su empresa Emenasa) se negó a firmar las cuentas.
García Costas, que fue presidente del astillero Hijos de J. Barreras hasta el desembarco de Ritz, ejerce como segundo máximo accionista de Cardama, tan solo por detrás de Imbeira SL. Esta sociedad que capitanean el propio Mario Cardama (presidente del astillero) y Germán Alonso Montenegro controla un 59,8% de esta empresa centenaria que en el pasado realizó encargos para clientes de Angola, Irak, Marruecos, Islandia, Reino Unido, Argelia, Benín, Ecuador o Venezuela y que ahora tropieza con Uruguay.
Los números de Cardama
Francisco Cardama SA afronta este nuevo escenario tras haber cerrado su ejercicio fiscal 2024 con un rebote del 31,3% en su facturación, que se elevó hasta los 13,3 millones de euros. El beneficio neto, por su parte, se redujo a algo menos de un tercio al pasar de 324.723 a 99.823 euros.
La firma viguesa da cuenta en su memoria de haber recibido en diciembre del año pasado el anticipo de las construcciones de estos dos buques de 86,75 metros de eslora y tenía prevista la puesta de quilla del primer barco para este mes de mayo y la del segundo para diciembre. Pese a ello, la compañía daba cuenta de problemas de liquidez.
«La sociedad hasta al cierre del ejercicio 2024 ha tenido tensiones de liquidez derivadas de los pagos del préstamo de la C-242 y los retrasos de pagos por parte del C-243 de Senegal«, subraya en sus cuentas anuales. Francisco Cardama SA se refiere así al buque remolcador encargado hace nueve años y cuyo desarrollo se ha visto alterado por las turbulencias políticas que azotan a un país africano.
El C-242, por su parte, hace referencia al buque de inspección pesquera y rescate que comenzó a construir la ya extinta Montajes Cíes y que Francisco Cardama SA acabaría adquiriendo mediante un proceso de subasta pública. La compañía viguesa asumió la fase final de la construcción del buque, pero reconoció un deterioro de crédito por importe de 4,1 millones de euros.
Igape y Banco Santander entran en escena
La empresa lograría en febrero de 2018 un préstamo de 8,6 millones de euros que reestructuraba los pasivos que tenía formalizados desde el año 2012. «La reestructuración de los préstamos incluye acuerdos de obligación de venta en caso de recibir una oferta formal por un importe determinado en el plazo de 60 días desde su presentación efectiva, siempre que se hiciese efectivo», reconoce la firma, que apunta que «se encuentra en contacto con distintos brókeres internacionales, especialistas en la venta de este tipo de barco, para conseguir la venta».
Mientras busca comprador para esta embarcación que en 2017 fue tasada en 13 millones de euros, Francisco Cardama SA ha reordenado su pasivo con el objetivo de desahogar su situación financiera. En esta línea se enmarca el préstamo con garantía hipotecaria por valor de un millón de euros solicitado al Instituto Galego de Promoción Económica (Igape). Su plazo de vencimiento es de ocho años, de los cuales dos son de carencia de principal.
En paralelo, el astillero vigués ha llevado a cabo una nueva reestructuración del préstamo que arrastra con el buque de inspección pesquera que adquirió a Montajes Cíes. La deuda fue inicialmente contraída con el Banco Pastor, antes de que este pasara a manos del Banco Popular y del Banco Santander, entidad con la que ha realizado ahora esta operación perfilada para aliviar la situación financiera de la empresa.
