Cómo desmontar un sistema productivo
Con la última propuesta del Ministerio de Trabajo, encabezado por Yolanda Díaz, que se presenta como una reforma pendiente y propone mayor participación de los trabajadores en los consejos de las empresas, quienes no aportan capital pasan a controlar el órgano que responde ante quienes sí lo aportan
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados. Eduardo Parra / Europa Press
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Cuando un Gobierno habla de democratizar la empresa, conviene analizar qué quiere decir exactamente. No por desconfianza ideológica, que también, sino por experiencia histórica. Casi nunca acaba siendo lo que el titular promete.
La última propuesta en esta línea viene del Ministerio de Trabajo, encabezado por Yolanda Díaz, y se presenta como una reforma pendiente, europea, constitucional y, por supuesto, profundamente democrática. Intentemos traducir. Primer paso, los trabajadores deben sentarse en los consejos de administración. Segundo, deben tener una parte del capital de la empresa. Y tercero, el Estado evaluará cuán democrática es cada empresa y ajustará impuestos y ayudas en consecuencia. Nada voluntario, gradual ni adaptado a sectores, tamaños o estructuras. Normativa común, diseñada desde arriba, para todo el tejido empresarial. La democracia, al parecer, funciona mejor cuando se impone.
Ante esto, estaría bien recordar que un consejo de administración no es una asamblea vecinal. Sirve para tomar decisiones estratégicas con riesgo económico y responsabilidad legal directa. La propuesta plantea que en las empresas grandes hasta la mitad del consejo esté formada por representantes de los trabajadores. Es decir, quienes no aportan capital pasan a controlar el órgano que responde ante quienes sí lo aportan. Una innovación jurídica interesante, aunque no está claro cómo se venderá a inversores, bancos o mercados. Pero no nos preocupemos por esos detalles menores, ya se ajustarán solos.
El segundo pilar de la propuesta es aún más fascinante: obligar a que entre el 2% y el 10% del capital esté en manos de los trabajadores. Pero ¿de dónde sale ese capital? Pues a priori, hay tres opciones. O se diluye a los accionistas actuales, o se obliga a la empresa a recomprar y transferir acciones, o se crean vehículos gestionados por terceros con recursos que alguien tendrá que poner. En cualquiera de las tres opciones hay un coste económico que ni se cuantifica, ni se evalúa ni se discute. Y, por tanto, tampoco se imputa a nadie. Será que la virtud democrática lo compensa todo.
La guinda del pastel es el sistema de incentivos. Un índice de democracia corporativa que determinará beneficios fiscales y acceso preferente a la contratación pública. Dicho de otro modo: si tu empresa se ajusta al modelo correcto, premio; si no, penalización. No se evalúa si la empresa innova, crea empleo, exporta o invierte. Se evalúa si cumple con el estándar ideológico del momento.
El discurso insiste en “dar voz a las personas trabajadoras”. En la práctica, quienes ocuparán los asientos, gestionarán las participaciones y ejercerán derechos de codecisión serán los sindicatos. Es decir, mayor concentración de poder en organizaciones concretas, representación indirecta de trabajadores no afiliados, y mezcla de funciones sindicales, políticas y de gestión empresarial. Una democracia curiosamente vertical.
España ya cuenta con múltiples fórmulas de participación: cooperativas, empresas laborales, negociación colectiva, comités de empresa, esquemas voluntarios de capitalización. Todas ellas imperfectas, pero funcionales. Lo que se propone ahora no es reforzar esos mecanismos, sino reemplazarlos por un modelo único, obligatorio y centralizado, diseñado sin consenso y en un contexto de evidente debilidad parlamentaria. Más que democratizar la empresa, parece un intento de gobernarla desde fuera, con la Constitución como eslogan y el BOE como palanca.
En todo esto, lo importante es hablar mucho de democracia dentro de las empresas, pero nada de democracia en el proceso que decide esta reforma. Sin evaluación de impacto, acuerdo con la patronal, seguridad jurídica o explicar quién asume los costes. A lo mejor el problema no es que las empresas españolas sean poco democráticas, sino que algunas propuestas confunden gestión con poder, y participación con control.
Ah. Y pueden ahorrarse la milonga de Alemania. Allí la cogestión no sustituyó al mercado ni se utilizó como instrumento de disciplinamiento ideológico, sino como parte de un pacto productivo que reforzaba competitividad, inversión y estabilidad. Aquí se propone al revés: intervenir el gobierno corporativo sin tocar productividad, innovación o escala empresarial. No es el modelo alemán lo que se importa, sino su coartada retórica.
