Xunta, Concello y Estado pactan no privatizar el puerto interior de A Coruña pero dejan San Diego en el aire

Todas las administraciones implicadas en la liberación de los terrenos portuarios suscriben un protocolo para el desarrollo de un nuevo marco jurídico para estos espacios

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el presidente de la Autoridad Portuaria, Fernández Prado, y representantes de Puertos del Estado, Adif, Ministerio de Transportes firman un protocolo sobre la ordenación de terrenos del puerto

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el presidente de la Autoridad Portuaria, Fernández Prado, y representantes de Puertos del Estado, Adif, Ministerio de Transportes firman un protocolo sobre la ordenación de terrenos del puerto. Foto: Andy Pérez

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Fumata blanca o casi sobre el futuro de los terrenos ligados al puerto de A Coruña. Este miércoles, el palacio municipal de María Pita acogió la firma de un protocolo de colaboración entre Concello, Xunta, Ministerio de Transportes, Puertos del Estado, Adif y la propia Autoridad Portuaria para la reordenación urbanística de los muelles interiores con el compromiso de “cooperación” entre todas las administraciones.

Desde hace años en A Coruña, y debido a la paulatina liberación de terrenos de la Autoridad Portuaria se abrió un debate sobre sus usos ante el temor de una privatización de los mismos para poder aliviar la abultada deuda del ente portuario. Esa posibilidad quedaba recogida en los convenios originales que se firmaron hace veinte años y que contemplaban esta salida para poder financiar las obras de Langosteira. El protocolo firmado esta jornada evidencia la voluntad de mantener públicos los muelles interiores de la ciudad, el de Batería y Calvo Sotelo, aunque, de momento, continúa la incógnita sobre la bolsa de suelo que representa San Diego.

Acuerdo

“Durante los últimos años y en numerosas sesiones del Pleno del Ayuntamiento de A Coruña se han venido aprobando y consensuando mociones entre los diversos grupos políticos que lo integran, donde se establece que la reordenación de los terrenos y la definición de un nuevo horizonte litoral y portuario, deberá basarse en la titularidad pública de los espacios como principio rector básico, para así garantizar la accesibilidad ciudadana a los mismos, de forma compatible con la necesidad de obtención de los recursos establecida la financiación del puerto exterior”, reza el protocolo.

“Dicho posicionamiento en cuanto a la titularidad pública de los terrenos se considera especialmente relevante en el caso de los terrenos ubicados en la zona de Batería-Calvo Sotelo, dada la excepcional ubicación de centralidad urbana que presentan, lo que aconseja que sobre los mismos se habiliten usos compatibles con el disfrute ciudadano”, expone el texto, que deja la duda, todavía, sobre el resto de terrenos que serán desafectados en los próximos años.

“En el caso de los terrenos situados en la zona San Diego-puerto petrolero, los usos que finalmente se adopten, y la titularidad de los espacios sobre los que se asienten, habrán de analizar a la luz de la situación actual del puerto y de la ciudad, muy diferente a la existente en 2004 cuando se firmaron los convenios originales, teniendo en cuenta la doble necesidad de generar un espacio urbano moderno y sostenible, con la necesaria generación de recursos económicos por parte de la Autoridad Portuaria”, indican. “Es necesario definir un acuerdo en el que desarrollar de forma compatible la accesibilidad y usos ciudadanos en los nuevos espacios y la obtención de recursos establecida para la financiación del Puerto Exterior y para el traslado y reposición de la Terminal de Mercancías de San Diego, así como la compatibilidad con las actividades portuarias que permanezcan”, explica el protocolo firmado.

Comisión de trabajo

Tras la firma del acuerdo, la alcaldesa de A Coruña, la socialista Inés Rey, indicó que ahora será necesario definir “un nuevo marco jurídico consensuado”, trabajando “en el mantenimiento de la titularidad pública de los espacios para garantizar la accesibilidad ciudadana, favorecer la integración puerto-ciudad y resolver el déficit de espacios y dotaciones públicas”.

La regidora ha avanzado que se creará una comisión integrada por todas las administraciones firmantes y los partidos con representación en el ayuntamiento — PSOE, PP y BNG — de cara a trasladar las propuestas en las que se avanzará a partir de ahora.

«Un acuerdo entre administraciones distintas con colores políticos diferentes», indicó el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, que ha calificado de «estratégica» la decisión adoptada en su momento de construir el puerto exterior — tras la catástrofe del Prestige–. «Es un comienzo para que el puerto siga siendo un motor económico, ofrezca oportunidades para vivir y disfrutar, ocio también en clave residencial», ha señalado sobre lo suscrito.

En la misma línea, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que, como el anterior, ha resaltado la apuesta en su momento por el puerto de Punta Langosteira, ha incidido en que ahora habrá que trabajar para «concretar» qué hacer con los espacios que quedan liberados. «El puerto tiene que funcionar de manera diferente y seguir construyendo ciudad» para lo que ha apelado a dar «pasos firmes» sin caer en planteamientos «demagógicos».

Deuda de la Autoridad Portuaria

En el acto que ha tenido lugar en María Pita no ha habido alusiones a una posible condonación de la deuda contraída por la Autoridad Portuaria para la ejecución de Punta Langosteira. Solo el presidente del puerto, Martín Fernández Prado, hizo referencia al “compromiso moral” con la situación financiera del ente portuario.

«Hace 20 años nos dijeron endéudate y echaremos una mano», señaló, al reclamar la necesidad de «apoyo» por parte de las administraciones implicadas de cara a desarrollar en la nueva fase «un marco financiero sostenible para todos».

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