Muface sigue en el foco de la polémica: nuevas denuncias ante la prohibición de acudir a centros médicos

La polémica en torno al sistema sanitario de Muface, que cubre a más de 1,5 millones de funcionarios públicos en España, sigue creciendo. Pese al reciente acuerdo entre el Ministerio de Función Pública y las aseguradoras Adeslas y Asisa, las quejas no se han hecho esperar. El pacto, que incluía una subida histórica del 41,2 % en las primas durante los próximos tres años, prometía estabilidad. Sin embargo, en lugar de garantizar la atención sanitaria, ha desatado una nueva crisis.

El principal problema radica en la exclusión de varios hospitales de referencia, especialmente en comunidades como Madrid y Galicia, donde miles de mutualistas denuncian haberse quedado sin acceso a centros médicos esenciales. La ruptura de convenios entre las aseguradoras y grupos hospitalarios como HM Hospitales ha dejado a muchos funcionarios sin opciones cercanas de atención médica.

Madrid: epicentro de las críticas

La Comunidad de Madrid es una de las más afectadas por estos recortes. Según ha denunciado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), la red de hospitales del grupo HM ha sido eliminada por completo del nuevo catálogo de centros de Adeslas para 2025. Esta decisión deja fuera a hospitales de gran demanda como HM Sanchinarro, HM Nuevo Belén, HM Montepríncipe y HM Puerta del Sur, entre otros.

Los funcionarios afectados, que hasta ahora confiaban en estos centros por su calidad y accesibilidad, denuncian que la medida empobrece de forma dramática la oferta sanitaria disponible. “Nos están dejando sin opciones en municipios como Alcalá de Henares, Móstoles o Torrelodones. Es una decisión arbitraria que va en contra del bienestar de los mutualistas”, señalan desde CSIF.

El problema no se limita a Madrid. En Galicia, los funcionarios adheridos a Muface también han visto cómo los hospitales del grupo HM en La Coruña desaparecían del listado de centros disponibles. Con la única excepción del hospital Quirón Salud, muchos mutualistas se encuentran ahora con opciones limitadas y obligados a desplazarse para recibir atención.

Este patrón comienza a repetirse en otras regiones. En Cataluña, el grupo HM ya había dejado de dar servicio a los funcionarios de Mugeju e Isfas, algo que ahora se teme pueda extenderse a otras provincias como León, Salamanca o Málaga.

Reacciones y preocupación sindical

Los sindicatos han alzado la voz ante lo que consideran un “recorte encubierto de derechos”. CSIF ha calificado la situación como “un ataque sin precedentes” a los derechos de los funcionarios. “El aumento de las primas no se ha traducido en mejores servicios, sino en todo lo contrario”, denuncian.

Además, han solicitado explicaciones al Ministerio de Función Pública, exigiendo que se garantice la calidad y accesibilidad de la atención sanitaria para todos los mutualistas. “No podemos permitir que se convierta en un servicio de segunda categoría. Los funcionarios tienen derecho a una atención sanitaria digna y cercana”, señalan.

Por su parte, desde Muface aseguran que el acuerdo alcanzado con las aseguradoras garantiza la continuidad del modelo sanitario para los próximos tres años. Fuentes del organismo explican que la subida del 41,2 % en las primas era necesaria para evitar el colapso del sistema y que siguen trabajando para ampliar la red de centros disponibles.

Sin embargo, los mutualistas afectados consideran que esta explicación no es suficiente. “De nada sirve pagar más si luego te dejan sin acceso a los hospitales que siempre has utilizado”, asegura Marta González, una funcionaria madrileña que se ha quedado sin acceso a su hospital de referencia.

Un conflicto lejos de resolverse

La polémica en torno a Muface parece estar lejos de solucionarse. Mientras los funcionarios afectados exigen soluciones y los sindicatos anuncian movilizaciones, el Ministerio de Función Pública deberá encontrar una salida a una crisis que amenaza con erosionar aún más la confianza en el modelo sanitario para empleados públicos.

Para muchos, lo que comenzó como una solución a los problemas de financiación del sistema se ha convertido en un callejón sin salida, donde las primas más caras no garantizan mejor servicio. La pregunta ahora es si el Gobierno y las aseguradoras darán marcha atrás o si los mutualistas deberán adaptarse a esta nueva realidad, marcada por la incertidumbre y las restricciones.