Yolanda Díaz fía a un pacto exprés con Puigdemont salvar la reducción de jornada y que entre en vigor antes de 2026

La vicepresidenta Yolanda Díaz tenía muchas razones para estar contenta este martes. A los buenos datos de empleo conocidos, con un récord de afiliación y un mínimo de paro registrado desde 2008, se sumaba la aprobación de su proyecto estrella para esta legislatura. La reducción de la jornada laboral pasó en segunda vuelta por el Consejo de Ministros, tres meses después de estudiarlo por primera vez, cinco meses después del acuerdo con los sindicatos y coincidiendo con el cumpleaños de la también ministra de Trabajo.

Pero la reducción de la jornada laboral legal de las 40 horas semanales en la actualidad a las 37,5 horas que fija el proyecto de ley que ahora se enviará al Congreso de los Diputados tiene un futuro político incierto, con el PP contrario a validarla y con Junts, el socio por el que pasan todos los caminos de la legislatura, dispuesto a tumbar la norma antes incluso de negociarla, mediante una enmienda a la totalidad.

Sin embargo, la vicepresidenta segunda se mostró convencida de que hay «margen para la negociación» y fuentes del Ministerio de Trabajo creen que las conversaciones con los neoconvergentes serán rápidas, para poder acelerar el trámite parlamentario y que la ley entre en vigor antes de finales de año.

De hecho, el objetivo de Díaz es conseguir salvar esa enmienda a la totalidad (que públicamente definió como una «herramienta para la negociación») y, al mismo tiempo, cerrar con el partido de Carles Puigdemont los cambios al articulado de la ley y las ayudas a las pequeñas y medianas empresas que sean necesarias para poder sacar la ley adelante.

Los plazos están más o menos tasados. Una vez aprobado por el Consejo de Ministros, el texto tarda un par de días en llegar oficialmente al Congreso de los Diputados y la Cámara se toma unos días más en calificarlo y remitirlo a la Comisión correspondiente. Tomando como ejemplo el proyecto de ley de restablecimiento de la Comisión Nacional de la Energía, este fue aprobado por el gabinete el 24 de septiembre de 2024, entró en el Congreso el 26 de ese mes y fue calificado por la Mesa en su reunión del 8 de octubre. No se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales hasta el 11 de octubre.

A partir de su publicación, se abre una ventana de 15 días para la presentación de enmiendas a la totalidad, aunque su aprobación por el procedimiento de urgencia reduce este plazo a la mitad. Todo ello, con la Mesa de la Comisión (cuya presidencia, en el caso de la de Trabajo, recae en Sumar) pudiendo ampliar el plazo todas las veces que sea posible.

Los tiempos abocan a que, como pronto, la primera votación sobre una enmienda a la totalidad tenga lugar en el primer Pleno de junio, en su segunda semana, lo cual da al Ejecutivo un margen de en torno a un mes para conseguir que Junts retire la iniciativa parlamentaria. Idealmente, esto vendría de la mano de un acuerdo de reforma del articulado y de un pack adicional de ayudas a pymes para permitir que salga adelante.

En el Gobierno la única «línea roja» es la de reducir la jornada laboral a 12,5 millones de asalariados, tal y como dijo en rueda de prensa la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Este matiz es relevante, ya que hasta ahora el objetivo era que la reducción de jornada entrase en vigor en 2025, como se fijó en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar. Como también es relevante que Díaz dio por «cumplida» su tarea, alejando una posible dimisión en el caso de que la ley naufrague.

En La Moncloa parecen haber optado por el mal menor y prefieren sacar adelante el recorte de la jornada aunque sea a costa de retrasar su entrada en vigor en determinados supuestos (entre los que se podrían encontrar las pymes, con una presencia muy destacada en el tejido productivo catalán) o en algunos sectores. Una notable cesión a las pymes podría ser vendida por Junts como una cesión a Cataluña.

Un papel relevante lo tendrán las patronales Foment del Treball y Pimec. Sobre todo esta última, a la que el Gobierno ha venido mimando en los últimos meses para tratar de abrir una brecha por la que facilitar el diálogo con Junts. El último movimiento fue hace unas semanas, cuando el Gobierno decidió retirar a un miembro del bloque CEOE-Cepyme de los representantes españoles en el Consejo Económico y Social Europeo para abrir la puerta a la entrada de Pimec o Conpymes, su organización a escala nacional.

El Gobierno calcula que el impacto de la reducción de la jornada será, de media, del 2,1%, con una reducción de unos 48 minutos por semana, aunque será especialmente pesada para sectores como la Hostelería, el Comercio o la Industria manufacturera. En términos salariales, reducir el tiempo de trabajo sin tocar el sueldo, dicen en Trabajo, tendrá un impacto del 2,2% de subida de costes retributivos, la mitad de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en el último año.

Un alza que podría compensarse con las ganancias de productividad. En Cataluña, señaló Yolanda Díaz, la productividad por hora trabajada es del 4,2%, el doble que la media española, y el 30% de los convenios colectivos ya recogen jornadas inferiores a las 37,5 horas. «No voy a desvelar ni voy a marcar cuál es el campo a un actor político que merece respeto y que señalará cuáles son sus posiciones de pacto», dijo la vicepresidenta. Si con sus gestos a Junts consigue sacar la reducción de la jornada, lo cual parece complicado, difícilmente habrá mejor regalo de cumpleaños.