Alcoa Inespal recibió 210 millones en subvenciones desde 2022, con una fábrica parada y otra a medio gas

• Alcoa clama contra el 'no' de PP, Vox, Podemos y BNG al decreto antiapagón: "Estamos muy decepcionados"
• Alcoa cambia el chip en San Cibrao: prevé que la planta de aluminio "cubra las pérdidas" que generará la alúmina

Alcoa Inespal, la sociedad matriz de las dos fábricas de la multinacional de Pittsburgh en Galicia, la de aluminio y la de alúmina, cerró el ejercicio 2024 declarando unas pérdidas consolidadas de algo más de 152 millones de euros, reduciendo a un tercio los números rojos que se anotó el ejercicio anterior y que cifra en cerca de 430 millones. Pero, además, y atendiendo a la documentación contenida dentro de su última memoria de información no financiera, indica que “las subvenciones públicas recibidas en el año 2024, relacionadas con conceptos ambientales, ascienden a 49,5 millones de euros”. Por este concepto, desde el ejercicio 2022, pese a que comenzó su parada de producción de aluminio y se vio obligada a reducir la de alúmina por los altos precios del gas, sumaría 210 millones de euros.

La compañía especifica en el informe consultado por Economía Digital Galicia que las subvenciones públicas que declara relacionadas con conceptos ambientales incluyen tanto “la asignación gratuita de derechos de emisión como las ayudas para la compensación de los costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero”.

Ayudas directas e indirectas

Hay que tener en cuenta que “las ayudas por asignación gratuita de derechos de emisión” no son en sí mismas ayudas monetarias directas, aunque Alcoa las computa en su memoria de información no financiera. Los Estados, en lugar de subastar los derechos de emisión, los distribuyen de forma gratuita entre determinadas instalaciones para evitar la llamada fuga de carbono y que las empresas instaladas en suelo comunitario se trasladen a otros países con normativas ambientales más laxas.

Las subvenciones que sí se traducen en inyecciones monetarias son las que tienen que ver con la compensación de los costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero con las que el Estado alivia la factura de las grandes empresas electrointensivas. Durante años, la factoría de San Cibrao captó cuantiosas ayudas por este concepto, pero en los últimos ejercicios, pese a resultar adjudicataria, no pudo cobrarlas por su condición de empresa en crisis, debido a su mala situación financiera. Una consideración que, según los criterios establecidos por la propia Comisión Europea, vetaba su acceso a ayudas públicas como estas compensaciones de costes indirectos de CO2 o incluso las ayudas ligadas a fondos europeos de reconstrucción, los Pertes.

Alcoa ya no es una “empresa en crisis”

A principios de este año, y después de equilibrar su balance, la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, indicó que el complejo de San Cibrao podría “dejar de tener la condición de empresa en crisis”, hito muy importante para “que pueda solicitar ayudas para electrointensiva y abrir todo un campo de vías de financiación y apoyos públicos”.

A este respecto, precisamente, este mismo septiembre, el PP de Lugo formuló una pregunta al Gobierno desde el Senado, interesándose sobre si la factoría de Alcoa en San Cibrao se encuentra ya dentro de los beneficiarios de las ayudas de compensación por costes de las emisiones indirectas de CO2. El ministro de Industria, Jordi Hereu, se comprometió a movilizar hasta 600 millones de euros este 2025 al amparo de este mecanismo clave para los grandes consumidores electrointensivos.

Compensaciones y pérdidas multimillonarias

Así, como antes se apuntaba, además de las “subvenciones públicas” de 49,5 millones recibidas en 2024, en 2023 declaraba, de nuevo en su memoria de información financiera correspondiente a ese año, unas subvenciones públicas por conceptos ambientales de 83,9 millones de euros. En 2022 fueron, según el mismo documento, 76,6 millones. En total, esos 210 millones en tres ejercicios en los que, pese a estas compensaciones, se sumergió en una profunda crisis.

Y es que hay que tener en cuenta que, durante esos mismos tres años, las pérdidas consolidadas declaradas por Alcoa Inespal, es decir, las de las fábricas de aluminio y alúmina, fueron ingentes.

En el año 2024 alcanzaron los 152,1 millones de euros, mientras que en 2023 ascendieron a 428,7 millones y en 2022 a 466,9 millones. En total, en tres años, más de mil millones.

La incógnita de las ayudas de CO2

Pese a las cantidades que Alcoa Inespal cataloga como subvenciones públicas, el caballo de batalla de la compañía -y del resto del sector electrointensivo, por otro lado– siempre ha estado en las ayudas directas por compensación de CO2. A principios de año, la multinacional firmó un memorándum de entendimiento con el Gobierno, la Xunta y su nueva socia en San Cibrao, Ignis EQT, en la que, entre otras cuestiones, el Ejecutivo central se comprometía a aumentar las ayudas públicas que recibirá por este concepto.

De momento, la cantidad que percibirá es una incógnita si bien, unos meses antes, en 2024, el presidente de la multinacional americana, Bill Oplinguer, indicó que sus necesidades rondaban “aproximadamente los 80 millones de dólares”, casi 77 millones de euros al cambio.

La cifra tiene su explicación. Alcoa considera que parte de esos fondos deberían estar en su poder, ya que la firma tuvo que devolver ayudas debido al ERE que finalmente no se llevó a cabo en San Cibrao en 2020. En concreto, unos 37 millones de euros de los fondos percibidos en 2018 y 2019. «En cuanto a los 80 millones de dólares de compensación por CO2, en realidad, se relaciona con el pasado. No recibimos nuestra compensación por el período 2018 a 2021 cuando operamos la fundición, por lo que hemos tenido reclamaciones contra el Gobierno. Nos gustaría tener acceso a esos 80 millones de dólares, ya que operamos y pagamos a todos los empleados», dijo en una conferencia ante analistas la vicepresidenta y directora financiera del grupo, Molly Beerman.