Uruguay destapa que Cardama contó con un avalista ruso del que no hay rastro para firmar el contrato de 82 millones
El Gobierno de Yamandú Orsi denuncia que la empresa que otorgó las garantías a Cardama para su encargo de dos patrulleras oceánicas se encamina a la liquidación y que no tenía sede ni empleados
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi
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El contrato estrella de Cardama en Uruguay se convierte en un quebradero de cabeza. El nuevo presidente del país sudamericano, Yamandú Orsi, anunció este miércoles que iniciará las acciones necesarias para rescindir el encargo de dos patrulleras oceánicas tipo OPV que el Gobierno de su predecesor, Luis Lacalle Pou, le había adjudicado al astillero vigués.
Durante su intervención, Orsi se ha referido a una supuesta «estafa o fraude al Estado uruguayo» y a un vencimiento de la «garantía de fiel cumplimiento» del contrato mientras que el astillero vigués, por su parte, se aferra a la renovación in extremis del aval con una entidad financiera, Eurocommerce Limited, a la que el Gobierno uruguayo pone en el punto de mira.
«Hay indicios fuertes de que esta empresa es una empresa de papel y que estaríamos ante un fraude ante el Estado uruguayo y esta garantía no existiría», llegó a apuntar el secretario de Presidencia, Jorge Díaz.
El papel de Eurocommerce
Orsi fue investido presidente del Gobierno en marzo y tan solo un mes más tarde la nueva ministra de Defensa, Sandra Lazo, avanzó la puesta en marcha de “una investigación por presuntas irregularidades en el contrato». El documento, al que ha tenido acceso Economía Digital Galicia, pone en la diana a una Eurocommerce Limited que está liderada por Vladimir Suzdalev. Este ciudadano ruso de 54 años figura como administrador de esta sociedad que fue constituida con un capital social de 100.000 libras esterlinas en mayo de 2019.
Ubicada en el barrio londinense de Bloomsbury, la compañía no ha dado cuenta ni de la existencia de empleados ni de actividad desde el año 2022, a tenor de los registros de la Companies House británica (el equivalente al Registro Mercantil español). Eurocommerce entró en escena en octubre de 2024. Fue entonces cuando, después de siete prórrogas que se activaron ante la imposibilidad de Cardama para presentar las garantías exigidas en el plazo inicial de 45 días, se anunció la constitución de la garantía de Eurocommerce por un periodo de vigencia de 365 días, en lugar de los 42 meses estipulados.
Cardama llamó a la puerta de Eurocommerce tras naufragar los intentos previos con Banco de Seguros del Estado, MYN de Freitas, Som.us, Euro Exim Bank, EEB, Societe Generale y Parcilar (Abitab). La prensa uruguaya cifra en unos 4 millones de dólares la cantidad avalada por una Eurocommerce que no superó este particular examen a la primera.
El jaque del Gobierno uruguayo
Y es que el estudio Delpiazzo, que fue contratado para asistir al anterior Gobierno uruguayo en todo lo relativo a este macrocontrato (el mayor de su Ministerio de Defensa en la pasada legislatura), lanzó varias advertencias. En un primer momento alertó de que el plazo ya había vencido para posteriormente añadir que el borrador de Eurocommerce no cumplía las exigencias contractuales.
El informe elaborado por el Gobierno alerta de la inexistencia de «entidades idóneas como corredores de seguros, tal y como sugirió el Banco Central» y, además, subraya que «la garantía está redactada en inglés, no se tradujo, no se apostilló y la representación no fue controlada debidamente». El «Ministerio de Defensa Nacional aceptó como forma de acreditar la representación el certificado notarial de un notario español (Luis Calabuig de Leyva), que simplemente certificó que un tercero (Francisco Sabater Cabanés) se presentó ante él y dijo que el firma de la garantía (Alex Walsh) tenía facultades suficientes para firmar en representación de Eurocommerce Ltd». «Todos los elementos mencionados fueron alertados por el estudio Delpiazzo Abogados», precisa el informe, que añade que, a pesar de ello, «el Ministerio de Defensa siguió adelante y avaló las garantías».
El Gobierno uruguayo podía dar luz verde a esta operación que se encontraba sujeta «a la responsabilidad que implica tener la renovación anual 30 días antes del vencimiento, a fin de garantizar que la garantía se encuentre vigente durante el plazo de 42 meses o en su defecto ejecutar dicha garantía”.
Ante este escenario, el Gobierno uruguayo activó la maquinaria el pasado 22 de septiembre para ejecutar las garantías y cobrar lo acordado (alrededor de un 5% del valor total del contrato, unos 4 millones de dólares). En esa fecha se cumplía, de acuerdo a la versión del gobierno uruguayo, el plazo legal para que Cardama anunciase si tenía intención de renovar una garantía que vencía en solo 30 días.
Actividad fantasma de Eurocommerce
Ese día, el Gobierno uruguayo da instrucciones a su embajador en Reino Unido para que realice las gestiones necesarias para hacer efectiva la ejecución formal de la garantía de fiel cumplimiento. Como parte de los hallazgos, Luis Homero Bermúdez Álvarez constata que en la sede que Eurocommerce declaraba en Londres lo que hay en realidad es una inmobiliaria. Tras preguntar a los responsables sobre la implantación de Eurocommerce en años anteriores, estos contestan que no tienen constancia de que esta operase allí.
Tras solicitar un informe al despacho de abogados Arnold & Porter, el Gobierno uruguayo descubre la existencia de Vladimir Suzdalev (residente en Rusia) y que Eurocommerce se encuentra camino a la liquidación. No en vano, un comunicado remitido a la Companies House el pasado 19 de agosto establecía que, salvo un giro en los acontecimientos (algo que no se ha producido) esta sería disuelta en el plazo de dos meses.
“A la luz de la situación de Eurocommerce, presentar una demanda contra el astillero es la vía más efectiva”, recoge el informe presentado por el Gobierno que también apuesta por la presentación de una «denuncia ante múltiples agencias responsables de investigar fraudes en el Reino Unido».
Viaje exprés a Uruguay para salvar el contrato
La ofensiva del Gobierno uruguayo pone en jaque el contrato estrella para Francisco Cardama SA. El astillero viene de registrar un aumento del 31,3% en su facturación, que se elevó hasta los 13,3 millones de euros el año pasado, algo que, sin embargo, no impidió que su beneficio neto sufriese un recorte de 324.723 a 99.823 euros.
Ante la envergadura del contrato, Mario Cardama ya ha anunciado su intención de desplazarse a Uruguay para intentar encauzar la situación. En declaraciones con el medio uruguayo El Observador, el presidente de la empresa viguesa subrayó que tiene autorizado el nuevo aval de Eurocommerce desde el pasado 26 de septiembre, pero que se «despistó» y por ello no lo entregó con anticipación al Ministerio de Defensa. Además, el empresario también puntualizaba que Eurocommerce seguía en funcionamiento y que ha mantenido contacto con sus representantes a lo largo de estos últimos días.
Mario Cardama intentará salvar un contrato clave para el centenario astillero vigués, que en el contrato rubricado con el Ministerio de Defensa de Uruguay se comprometía a finalizar el primer buque en 18 meses desde la firma del contrato (diciembre de 2023) y el segundo en 30 meses. «Solo el proceso de constitución de garantía llevó 11 meses«, censura el Gobierno de Orsi en su informe.
