“Con la pata [social] quebrada”

Aunque resulte el colmo, no hace falta irse al cuadrilátero de la política para constatar lo abrupto del panorama y la situación de fractura social en la que vivimos. Incluso, según la información que acaba de publicarse, ojalá que lo peor fuesen las disputas y diferencias que se producen en el Parlamento, en el Congreso o en el Senado.

El IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en España (2025) ofrece una radiografía nítida y preocupante del país, y sus conclusiones resuenan también en Galicia. Tanto a nivel nacional como en una comunidad como la nuestra —marcada por la despoblación, el envejecimiento y la precariedad laboral—, el estudio advierte que la exclusión social se ha convertido en una realidad estructural y difícil de revertir si no se abordan las causas profundas del actual modelo económico y social.

Según los datos recogidos —cada cinco años— en Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada (FOESSA), actualmente, en uno de cada cinco hogares gallegos (20%) se vive en situación de exclusión social (23,2 % en España), y en otro 8 % en exclusión severa (9 % a nivel nacional). Lo que, traducido a personas, supone el 12,7% de la población gallega excluida socialmente (18,7% en España) y un 6,2 % de gallegos muy excluidos (8,8 % en el conjunto nacional).

En total, más de 10 millones de personas en España —sobre todo en Andalucía— viven al margen tanto en lo económico como en lo social, lo político y lo cultural. Es decir, sin un empleo digno, ingresos suficientes, una vivienda adecuada, sin participar en la vida social y comunitaria, sin una educación y sanidad de calidad y sin poder ejercer sus derechos y deberes ciudadanos en igualdad de condiciones. Lo que refleja una realidad persistente: la recuperación económica posterior a la pandemia no ha alcanzado a todos. Como señala el informe, “España se ha acostumbrado a convivir con la desigualdad”, y Galicia no es una excepción.

Para empezar, en lo concerniente al trabajo —históricamente visto como el principal mecanismo de integración social—, ha perdido esa función en amplios sectores de la sociedad gallega. FOESSA subraya que el 30 % de los trabajadores gallegos se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión, a pesar de tener un empleo (el 28,7 % de las personas ocupadas en España). Se trata de los llamados “trabajadores pobres”, atrapados entre la temporalidad, los salarios bajos y la falta de estabilidad.

La estructura productiva gallega —basada en el comercio, el turismo, la hostelería y una industria en retroceso— explica en parte esta situación. A ello se suma un mercado laboral dual, en el que los contratos indefinidos y los empleos de calidad se concentran en determinadas áreas urbanas (A Coruña, Vigo, Santiago); mientras que el interior y las comarcas rurales acumulan precariedad y desempleo.

En este contexto, la sociología del trabajo advierte de un cambio de paradigma: ya no basta con trabajar para escapar de la pobreza. La función integradora del empleo se diluye y, con ella, se debilita el tejido comunitario.

Al mismo tiempo, el informe FOESSA identifica la vivienda como uno de los factores más determinantes en la exclusión social. En Galicia, la paradoja es evidente: en una comunidad con amplias zonas rurales y una población decreciente, el acceso a una vivienda digna y asequible sigue siendo un problema creciente, sobre todo en las áreas urbanas y costeras.

El incremento del alquiler, impulsado por la turistificación y la especulación, está expulsando de los centros urbanos a jóvenes y familias con bajos ingresos. En ciudades como Vigo o A Coruña, más del 35 % de los hogares jóvenes (de menos de 35 años) destinan más del 40 % de sus ingresos al alquiler. Un umbral considerado de sobreendeudamiento por la UE; siendo que en ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga o Valencia este porcentaje supera el 45 %. 

A su vez, la falta de vivienda pública —apenas un 1,2% del parque total en Galicia, similar al porcentaje nacional— limita las opciones de quienes se encuentran en exclusión o riesgo de perder su hogar. Situación que contrasta con la de los Países Bajos (30 % de vivienda pública), Austria (24 %) o Francia (17 %).

En palabras de FOESSA, “la vivienda se ha convertido en el principal eje de desigualdad material en España”. En Galicia, además, esta crisis habitacional se entrelaza con la despoblación interior, generando un mapa dual: urbes tensionadas y aldeas vacías.

El informe también dedica especial atención a la brecha generacional, una de las fracturas sociales más profundas del presente. En Galicia, los jóvenes sufren con especial intensidad las consecuencias del desempleo, la emigración y la falta de expectativas vitales. Más del 40% de los menores de 35 años se encuentra en situación de exclusión o precariedad. En el conjunto de España, suponen el 37,2 %; el doble que en el conjunto de la población (18,7 %), según el informe, debido a factores estructurales: altas tasas de temporalidad (más del 50 % de los contratos en menores de 30 años); salarios bajos y discontinuos (con ingresos medios inferiores al 60 % de la media nacional); y dificultad extrema de emancipación (como en el caso de la vivienda).

Esta “juventud sin horizonte”, como la denomina FOESSA, vive atrapada entre la sobrecualificación y la inestabilidad. Muchos jóvenes formados emigran ante la falta de oportunidades, lo que alimenta el envejecimiento demográfico y priva a la región de su capital humano más valioso. Desde un punto de vista sociológico, esta dinámica erosiona la cohesión intergeneracional y la confianza en el futuro colectivo.

Por lo que el modelo de protección social español, aunque avanzado, muestra signos de agotamiento. FOESSA advierte que el Estado del Bienestar ya no logra compensar las desigualdades generadas por el mercado, y que la pobreza y la exclusión se cronifican incluso entre quienes reciben ayudas públicas.

En Galicia, la dependencia de las transferencias estatales y europeas no siempre se traduce en mejoras estructurales. Los programas de inclusión autonómicos —como la RISGA— cumplen una función paliativa, pero carecen de la capacidad transformadora que requiere la nueva realidad social. La desigualdad territorial se amplía, y las brechas entre provincias y entre el rural y las áreas metropolitanas se consolidan.

Desde una perspectiva político-económica, esto refleja un debilitamiento del contrato social: ni el Estado ni la Autonomía garantizan seguridad y estabilidad como antes. En palabras del informe, “la ciudadanía percibe que la igualdad de oportunidades se desvanece, mientras la exclusión se hereda”.

El IX Informe FOESSA plantea una hoja de ruta para revertir estas tendencias. Propone un modelo centrado en la sostenibilidad de la vida y en la regeneración del vínculo social; antes que en el paradigma del crecimiento económico a cualquier precio. La clave está en reconstruir la confianza, fortalecer los servicios públicos y repensar las políticas fiscales, laborales y habitacionales desde una lógica de justicia redistributiva.

En Galicia, este cambio implica reforzar el empleo de calidad, impulsar la rehabilitación del rural, aumentar la inversión en vivienda pública y apoyar la economía de cuidados, un sector con un enorme potencial. La cohesión social no se decreta, sino que se construye a través de políticas que devuelvan dignidad y seguridad a quienes viven en los márgenes sociales.

FOESSA concluye con una advertencia que debería resonar en todas las instituciones: una sociedad que normaliza la exclusión es una sociedad en riesgo de fractura moral, social y política. Galicia, como microcosmos de España, se encuentra en ese punto de inflexión. Apostar por la equidad y la inclusión no es solo una cuestión ética, sino una estrategia de supervivencia colectiva; para no vivir, especialmente los jóvenes, “con la pata [social] quebrada”.