El juez hace caso a la UCO y pide a doce bancos datos de Pardo de Vera y del exdirector de Carreteras
El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno aprecia “indicios de criminalidad" y solicita documentación laboral, tributaria y financiera de ambos a entidades bancarias y a la Agencia Tributaria
La ex presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera (i), a su llegada a declarar como imputada por el ‘caso Koldo’ en la Audiencia Nacional (AN), a 21 de julio de 2025, en Madrid. – Jesús Hellín – Europa Press –
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Ismael Moreno, el juez de la Audiencia Nacional que instruye el ‘caso Koldo’, ha admitido la petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de investigar el patrimonio de la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y del ex director general de Carreteras Javier Herrero como supuestos «facilitadores» de los presuntos amaños de obra pública y ha pedido información documentación laboral, tributaria y financiera de ambos a 12 entidades bancarias y a la Agencia Tributaria.
La medida cuenta con el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción y tiene como fin que la UCO reciba la documentación para que realice un informe que remita después al juez.
Según explica el instructor en el auto, se trata «de investigar y constatar adecuadamente la ejecución de unas presuntas conductas delictivas que tanto en el plano de la respuesta penal como en el de la trascendencia social son de una enorme gravedad».
Existencia de “indicios de criminalidad”
«No nos encontramos con una mera sospecha sino en la constancia y evidencia de claros indicios objetivados de la participación de las personas investigadas» en la comisión de presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación, sin perjuicio de una posterior calificación, señala.
De la investigación realizada hasta el momento, el juez «infiere la existencia de indicios de criminalidad» respecto de los dos investigados, que «habrían tenido una relevante participación en la adjudicación irregular de contratos de obra pública en el seno del Ministerio de Transportes y Agenda Urbana (MITMA) entre los años 2018 y 2021».
El juez de la AN indica que, conforme al oficio en el que la UCO pide esas diligencias, los hechos «han revelado» que el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García «habrían cobrado presuntas contraprestaciones económicas por su labor en beneficio de las constructoras, siendo Pardo de Vera y Herrero facilitadores de asistencia para las exitosas adjudicaciones proyectadas, cada uno dentro de su ámbito de responsabilidad».
Por ello, y en línea con la Fiscalía, el magistrado considera que el fin perseguido por parte de los investigados en esta trama era «obtener un provecho económico» y, considerando la intervención de Pardo de Vera y Herrero, ve precisa la obtención de la información solicitada para determinar «si pudieron ser también receptores de cualquier tipo de contraprestación de la naturaleza que fuere».
Las peticiones de la UCO
La UCO solicitó al juez instructor que emitiera mandamientos judiciales a una docena de bancos para que le remitan información sobre cuatro cuentas de Pardo de Vera y una treintena de Herrero, en las que «figuran o han figurado como titulares, autorizados y/o representantes», pero pidió excluir aquellas relacionadas con Adif como entidad pública o entes relacionados, así como una de la comunidad de propietarios «Villa Coral», vinculada a Herrero y que, bajo su punto de vista, «carece de interés para la investigación».
Además, del exdirector de Carreteras mencionaba en su oficio que consta como autorizado en cuentas de la sociedad Polis Project, S.R.L.U, «dedicada a los servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico», y como titular real de la mercantil Palta Naturae S.L, «dedicada al cultivo de frutos tropicales y subtropicales».
A la vez pedían que el juez emitiera mandamiento a la Agencia Tributaria para que aporte un informe sobre Pardo de Vera y Herrero sobre «el período comprendido entre los ejercicios 2017 a 2024» y que contenga las cuentas bancarias en las que figuran, movimientos de dinero, bienes inmuebles tanto en España como en el extranjero, relaciones societarias, declaraciones fiscales, donaciones o si tienen cajas de seguridad alquiladas, entre otros aspectos.
Los investigadores incidían en que, según el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, que derivó a la AN la investigación sobre Pardo de Vera y Herrero, se aprecian «indicios» de que habrían ayudado a que «las adjudicaciones proyectadas» por Ábalos y García «pudieran llegar a buen término, facilitando de manera inmediata la información conveniente que obraba en los diferentes expedientes o la salida a licitación de otros, siguiendo las directrices que el ministro, a través de su asesor, les impartía».
Y añadieron que, en su informe sobre la presunta implicación del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la trama, reflejaron una conversación de Cerdán con el ex asesor de Ábalos en la que «se mostraban preocupados» por que el entonces secretario de Estado de Infraestructura, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, pudiese pretender cesar a Herrero por su insistencia en la licitación del Puente del Centenario de Sevilla, una de las obras investigadas.
Al respecto, explicaban que Cerdán «parecía preocupado por la posibilidad de que terminasen desprendiéndose de Herrero, puesto que podría ‘contar lo que hay’, a lo que Koldo preguntó si ‘a ellos les queda claro lo que le prometieron’, de lo que se desprende que Herrero tenía información que pudiera resultar comprometedora para Santos y Koldo, y que unos terceros le habrían realizado una promesa en compensación por el hecho de ejercer la presión para la consecución de la obra del Puente del Centenario».
Cuando declararon el pasado 21 de julio ante el juez de la Audiencia Nacional, tanto Pardo de Vera como Herrero se desligaron de los presuntos amaños de obra.
