Punto muerto

Vaya por delante que Galicia aspira a situarse a la cabeza de la transición energética, pero porque tiene las condiciones para hacerlo. Tenemos viento, experiencia acumulada, infraestructuras y un tejido empresarial que lleva años apostando por las renovables. Sin embargo, mientras la Administración autonómica habla de planificación, inversión y oportunidad, los proyectos encallan en una maraña de procedimientos judiciales que han paralizado casi un centenar de instalaciones. Inmersos en un choque de interpretaciones que genera un nivel de inseguridad jurídica que ninguna economía puede permitirse.

La última sentencia del TSXG anula una autorización de parque eólico con el argumento de que la evaluación ambiental debía haberse tramitado de forma unitaria (parque y líneas de evacuación). Una tesis que, aunque legítima desde la prudencia ambiental, se ha aplicado con una rigidez extraordinaria. La mayoría de las comunidades autónomas trabaja con expedientes separados siempre que se analicen los impactos acumulativos. Y esa ha sido exactamente la práctica consolidada en Galicia.

A esta interpretación se añade que el Tribunal Supremo ha dejado claro que compartir infraestructuras no implica necesariamente fragmentar un proyecto. Adicionalmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha confirmado que la Directiva Hábitats exige evaluar afecciones cuando existan indicios razonables, no de forma automática o incondicional. Es decir, las dos instancias han avalado la línea seguida por la Xunta.

Conviene recordar que las energías renovables son parte de la solución climática, no del problema. Y en Galicia, el bloqueo del sector eólico frena toda una cadena de oportunidades: hidrógeno verde, metanol, almacenamiento energético, industrias electrointensivas y empleo en áreas rurales. Cada mes de retraso se traduce en coste de oportunidad real para nuestra economía. Y ojo, aquí nadie plantea rebajar exigencias ambientales, sino evitar decisiones imprevisibles que elevan el riesgo regulatorio hasta niveles incompatibles con inversiones millonarias de largo plazo. Lo que tenemos, incertidumbre, paraliza proyectos, expulsa inversión y destruye credibilidad. Veneno para el crecimiento, letal para el avance. Y conviene que todos seamos muy conscientes de lo que está pasando, y de lo que puede pasar.

Los tribunales, por supuesto, deben velar por el cumplimiento de la ley. Qué menos. Pero cuando las interpretaciones se vuelven excesivamente formalistas y cambiantes, el resultado es un ecosistema jurídico hostil a la inversión, que perjudica a empresas, trabajadores, al medio ambiente y, sobre todo, al futuro económico de Galicia. El debate no debe ser entre crecimiento y protección ambiental, sino entre un modelo riguroso y previsible y otro en el que cada proyecto es un salto al vacío.

Necesitamos un equilibrio sensato entre prudencia ambiental y seguridad jurídica. Y, sobre todo, nos urge alinearnos con una visión de futuro compartida. Porque lo que está en juego no es un puñado de parques eólicos: es la competitividad energética y económica de una comunidad que quiere avanzar y se encuentra atrapada en un laberinto que ningún otro territorio parece recorrer.